
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer otro caso corrupción dentro del Ejército Nacional de Colombia. La entidad presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes y nueve exintegrantes del Ejército que estarían implicados en una contratación irregular. La investigación está enfocada en la administración del dispensario de las fuerzas militares en Bucaramanga, Santander.
"Estas personas, en ejercicio de las diferentes funciones que desempeñaron en el establecimiento médico entre 2017 y 2022, habrían permitido la celebración de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por valor de 345'181.200 pesos, con el objeto de que prestara servicios como anestesióloga y atendiera las necesidades en las salas de cirugía", se lee en un comunicado de la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía, Sosa Hernández fue vinculada a la institución como anestesióloga, pero no estaba acreditada ni tenía la idoneidad para ejercer esa especialidad médica.
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Los elementos materiales probatorios que recaudó la entidad indicaron que efectivamente la profesional no era especialista en el área para la cual fue contratada. "Presuntamente presentó documentación falsa para acreditar la idoneidad exigida. Adicionalmente, se constató que no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS); sin embargo, su contratación avanzó en contravía de los principios contractuales", agregaron.
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"Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Santander imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su eventual responsabilidad, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados", concluyó la entidad.
¿Quiénes son las 14 personas capturadas?
De acuerdo con la información suministrada,las 14 personas judicializadas son las siguientes: los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; los exintegrantes del Ejército Nacional Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López; y la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández.
La Dirección General de Sanidad Militar tiene habilitados varios canales para denunciar posibles actos de corrupción dentro de esta entidad de las fuerzas militares. "Es el relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su deber de solidaridad, para enterar a las autoridades de la existencia de hechos irregulares, con el fin de activar los mecanismos de investigación y sanción", se lee en el sitio web de la dirección.

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Este caso se suma al del teniente coronel que fue capturado en el marco de otro caso de corrupción, en el que habría exigido y recibido dinero de más de 30 subalternos. El "con el fin de reponer material de intendencia que hacía falta en el inventario, como requisito para expedir las libretas militares por término del servicio" explicó la Fiscalía. La entidad no ha revelado la identidad del miembro de la fuerza militar.
La Fiscalía explicó que el uniformado, en el grado de teniente coronel, fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, "luego de que la Fiscal 2208 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar y Policial argumentara ante la Juez 1716 de Control de Garantías la necesidad de privar de la libertad al militar por la presunta comisión de los delitos de Concusión y Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto".
Los hechos por los que investigan al militar habrían ocurrido en enero de este año en las instalaciones del Batallón de Ingenieros Militares N° 23 General Agustín Angarita, ubicado en Ipiales, Nariño. Por la misma investigación fue capturado el segundo comandante de ese Batallón el pasado mes de marzo.
MATEO MEDINA ESCOBAR
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