En Nariño, la crisis humanitaria pareciera no tener fin. El 37% de los municipios de este departamento están minados, según Naciones Unidas. Sus habitantes piden que les respeten sus vidas y claman por ayuda urgente del Gobierno nacional.
El reflejo de una crisis humanitaria provocada por los grupos ilegales que se disputan el territorio en Nariño son los desplazados, los cuales, según los más recientes cálculos, pueden llegar a ser 16.000 y 3.000 de ellos son indígenas.
Carlos Alberto Ortiz, gobernador mayor del resguardo Chagüi Chimbuza, indicó que la situación es grave debido a la falta de atención médica en la zona. "Tenemos niños y mujeres embarazadas que requieren una atención inmediata”, expresó.
Estas personas salen de sus hogares para huir de los ataques que dejan cuatro masacres.
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“Desde el inicio del 2023 hemos documentado cuatro masacres, donde perdieron la vida doce hombres y una mujer, además del homicidio de tres personas defensoras en el departamento de Nariño”, precisó Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia.
El otro drama está en las minas antipersonal, que están sembradas en 23 de los 64 municipios de Nariño.
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“Hoy el territorio está contaminado con minas antipersonal, no sabemos ni siquiera dónde están. Hay fincas y territorios donde la gente no ha vuelto a ingresar porque han caído los animalitos, han caído compañeros”, dijo Javier Cortés, líder indígena de Oripap.
Este año, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército ha ubicado 626 minas antipersonal y 739 artefactos explosivos improvisados en municipios como Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, Mosquera, Roberto Payán, Magüí Payán, La Tola, Iscuandé y El Charco.
Para expertos en conflicto, el Gobierno debe pedirles a los grupos armados respeto por el derecho internacional humanitario.
Francisco Daza, investigador de la Fundación Pares, indicó que debe entablarse el diálogo con estas estructuras criminales para que se suspendan estas prácticas de guerra que están afectando a la población.
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“Se deben garantizar los alivios humanitarios a la población civil, una de estas es el minado. Si ni siquiera el Gobierno nacional puede entrar o la fuerza pública, es muy difícil que la población pueda recibir esos alivios”, señaló.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que se instalará una mesa de paz en Ricaurte, Nariño, para buscar desescalar la violencia en la región.
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