Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta operación mediante la cual productos reportados como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, no habrían salido realmente de Colombia. De acuerdo con las evidencias recopiladas, estas operaciones habrían sido utilizadas para justificar el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
El caso, de acuerdo con la entidad, involucra a particulares y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quienes, según la investigación, habrían intervenido en la elaboración y certificación de documentos que respaldaban las supuestas exportaciones. La Fiscalía informó que siete personas fueron capturadas durante diligencias realizadas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño. Entre los detenidos se encuentran cuatro servidores de la Dian que estaban vinculados a la seccional de Ipiales.
¿Cómo habrían funcionado las exportaciones ficticias?
Según la información recopilada por las autoridades, el esquema habría utilizado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas para registrar operaciones que, en los documentos, correspondían a ventas de productos hacia Ecuador. Los cargamentos estaban relacionados principalmente con aceite de palma, soya y sus derivados. En los registros aparecían como mercancías destinadas al mercado ecuatoriano y con salida por el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las evidencias obtenidas durante la investigación apuntarían a que los productos nunca atravesaron la frontera.
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Las cinco comercializadoras internacionales figuraban como las empresas encargadas de realizar las exportaciones, mientras que una agencia de aduanas habría participado en el trámite de las declaraciones y de los documentos requeridos para respaldar las operaciones ante las autoridades. En este proceso también habrían intervenido funcionarios de la Dian en Ipiales. La Fiscalía señala que estos servidores presuntamente certificaron de manera irregular la salida de las mercancías, pese a que los cargamentos no habrían cruzado hacia territorio ecuatoriano. Los documentos obtenidos a partir de esas operaciones habrían servido posteriormente para sustentar el origen de recursos que ingresaron a Colombia.
Dinero procedente de cuatro países
La investigación señala que parte de los recursos relacionados con las operaciones habría llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú. El dinero, según la hipótesis de la Fiscalía, habría ingresado al país bajo la apariencia de corresponder a pagos derivados de las ventas internacionales registradas por las comercializadoras. De esta manera, operaciones comerciales que en los registros figuraban como exportaciones habrían servido para respaldar el ingreso de recursos cuya procedencia estaría siendo investigada por las autoridades.
La Fiscalía indicó que la investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dian. Entre los detenidos están Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes serían representantes legales de comercializadoras internacionales que aparecían como exportadoras de las mercancías. También fueron capturados Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la Dian Seccional Ipiales señalados de haber certificado la salida de los cargamentos.
Tras las capturas, las siete personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías. En la audiencia se impartió legalidad a los procedimientos realizados por las autoridades y se les presentó imputaciones de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. Los delitos señalados son lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, además de falsedad ideológica en documento público. La Físcalía informó que el caso lo remitió "a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas detectadas".
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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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