De hipócritas y engañosas califica FARC decisiones que tomó el Senado sobre la JEP

Dice que es un grave golpe al acuerdo de paz que, incluso, puede llevar a la extradición de exguerrilleros. No descarta denunciarlo internacionalmente.

“Se ha manejado un discurso hipócrita frente a las víctimas del conflicto”, dijo ‘Iván Márquez’ tras los ajustes hechos al proyecto de ley.

“Asistimos a la crónica de una perfidia anunciada, esto es como el inicio del fin de la paz”, afirmó, por su parte, ‘Jesús Santrich’.

Aunque la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, avaló el sistema aprobado por el legislativo, los desmovilizados consideran que se introdujeron modificaciones al acuerdo firmado con el gobierno Santos en noviembre de 2016.

‘Iván Márquez’, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, criticó que la Corte haya establecido que los civiles señalados de delitos graves solo asistan de forma voluntaria a los tribunales de paz. También expresó ampliado el fuero a altos funcionarios y exfuncionarios para no ser juzgados bajo ese sistema.

"Recurriremos a todas las instancias internacionales para que el acuerdo de paz se cumpla", indicó el excomandante Pablo Catatumbo.

“Las FARC lo que temen es que se activen dispositivos para generar condiciones que conduzcan a que quienes se encuentran en la JEP, puedan ser de manera arbitraria conducidos a la jurisdicción ordinaria”, declaró Jairo Estrada, de Voces de Paz.

Para entrar en vigencia, la jurisdicción especial deberá ahora ser reglamentada a través de una ley en el Congreso, donde el Gobierno tiene una débil mayoría y donde la oposición de derecha cuestiona las que considera concesiones a los exguerrilleros.

Los cambios

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, los máximos responsables de crímenes de guerra podrán ocupar cargos de elección popular solo con manifestar su compromiso de sometimiento a la Justicia Especial de Paz.

Así mismo, las sanciones de esta jurisdicción no inhabilitarán para el ejercicio de derechos políticos excepto cuando los castigos impliquen cárcel.

Cambio Radical pidió que quienes hayan litigado contra el Estado en temas de Derechos Humanos, cinco años atrás, no puedan ser magistrados de la JEP.

“Esas inhabilidades lo que buscan es una imparcialidad en un pronunciamiento en un tribunal que no es eminentemente jurídico de tal manera que el sesgo político debe ser considerado”, aseguró Germán Varón de esa colectividad.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, sostuvo que la inhabilidad a magistrados convalida los ataques y calumnias, en especial del uribismo, contra defensores de Derechos Humanos.

Desde el Polo Democrático, el cambio también fue criticado.

“Me parece absurdo el criterio, que un partido que está tan cuestionado desde el punto de vista moral y político pues venga ahora a presentar esa clase de inhabilidades”, respondió el senador Iván Cepeda.

Otro cambio tiene que ver con quienes hayan cometido abuso contra menores de edad en el marco del conflicto. Las nuevas disposiciones establecen que perderán los beneficios de la JEP.

“Se aplicarán las penas ordinarias que contiene hoy nuestro ordenamiento penal es decir de 16 a 30 años por delitos de acceso carnal en menores de edad y no de 5 a 8 años como contempla la JEP”, afirmó la congresista Maritza Rodríguez.

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