En cuatro meses, Colombia tendrá estrategia jurídica contra fallo de La Haya

Se trata del grupo internacional Volterra Fietta, que, según la Cancillería colombiana, es "líder global en el ramo del derecho internacional y su práctica incluye, además del litigio en la Corte Internacional de Justicia, actuaciones, entre muchas otras, en la Organización Mundial del Comercio, tribunales especializados de La Haya, ministerios de economía internacional de varios Estados y numerosos cuerpos de arbitraje".

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se reunió este martes con el director de la firma de abogados Volterra Fietta, Robert Volterra, en París.

Según Volterra, "siguiendo las reglas de la CIJ, es la primera vez que Colombia puede reformular su estrategia después de mayo de 2010 cuando se hizo la última súplica ante la Corte", informó la Cancillería a través de un comunicado de prensa.

"La sentencia de la Corte Internacional de Justicia marca el final del proceso pero Colombia tiene disponibles, además de los recursos de interpretación y revisión, un conjunto de opciones que vamos a estudiar y proyectar para asegurar los derechos de los sanandresanos, la seguridad de esta área del Caribe y la permanencia de la estructura ecológica que se ha formado allí durante milenios", explicó el abogado.

Acordó con el Gobierno nacional "un término de cuatro meses para culminar la fase de diseño de estrategia, que incluye instancias internas de análisis y consultas de naturaleza técnica en la que participarán los abogados colombianos Rafael Nieto Navia, Juan Daniel Jaramillo, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, Luis Ricardo Paredes y Joaquín Polo, así como expertos internacionales en otras áreas requeridas", indicó la Cancillería en su comunicado.

A la reunión celebrada este martes también asistieron el embajador de Colombia en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, y el abogado internacionalista Jaramillo.

El fallo de La Haya significó una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas que le fueron concedidas a Nicaragua, con lo que, según el Gobierno, se cometieron "errores graves".