Entrenador de fútbol en Medellín es señalado de distribuir material explícito de menores de edad

Las autoridades informaron en las últimas horas la judicialización en contra de un técnico de fútbol, identificado como Luis Fernando Palacio Sinisterra, quien es señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber producido, recopilado, almacenado y transmitido archivos en video y fotos de menores de edad en actividades de tipo sexual.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, con apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el señalado agresor compartió mediante plataformas digitales cerca de 60 archivos con contenido explícito de al menos cinco menores de edad, entre los 13 y 16 años.

Según los investigadores, las acciones ilegales que habría llevado a cabo Luis Fernando Palacio se produjeron entre los meses de diciembre del año 2024 y julio del 2025 en la ciudad de Medellín. Al parecer, este hombre, aprovechando su posición como entrenador de fútbol, se acercó a una de las víctimas, se ganó su confianza y la instrumentalizó para facilitarle sus presuntos crímenes.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Medellín le imputó a este técnico de fútbol el delito de pornografía con menor de 18 años, delito que no fue aceptado por el procesado. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se define su responsabilidad en estos hechos.

¿Cómo denunciar violencia sexual?

En Colombia, la denuncia de la violencia sexual es un derecho de las víctimas y un paso clave para acceder a protección, atención integral y justicia. El proceso puede iniciarse en distintos momentos y ante varias autoridades, sin que exista un plazo limitado para denunciar, ya que estos delitos no prescriben en todos los casos y siempre deben ser investigados con debida diligencia.

La víctima puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de manera presencial en una sede de la Fiscalía, en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) o, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, en los Centros Especializados para Menores (CEJUM). También es posible acudir a la Policía Nacional, que está obligada a recibir la denuncia y remitirla a la Fiscalía. Ninguna autoridad puede negarse a recoger el relato de los hechos.

Es fundamental que, de ser posible, la víctima busque atención médica inmediata en una institución de salud. El personal sanitario debe brindar atención de urgencia, realizar exámenes médicos y forenses, prevenir infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado, y remitir el caso a Medicina Legal. Esta atención debe prestarse aun si la persona no ha denunciado previamente.

Durante el proceso, la víctima tiene derecho a recibir información clara, trato digno, confidencialidad y acompañamiento psicosocial. Puede solicitar medidas de protección si existe riesgo para su vida o integridad y no está obligada a confrontar al agresor. Además, puede contar con un abogado o con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras entidades de orientación jurídica gratuita.

Finalmente, denunciar la violencia sexual no solo permite activar la investigación penal, sino también acceder a rutas de atención, reparación y apoyo del Estado. El sistema está llamado a reducir la revictimización y a garantizar que la voz de la víctima sea escuchada y respetada en todas las etapas del proceso.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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