El Gobierno colombiano envió hoy una carta a Human Rights Watch (HRW) en la que responde a las críticas de esa ONG al acuerdo de justicia alcanzado con las FARC en las negociaciones de paz, incluido dentro del punto de víctimas, y explica que lo pactado evita que haya impunidad.
En la misiva, firmada por el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el Gobierno afirma que "habrá justicia" y que esta será "el máximo" que permita la paz, "respetando siempre la Constitución y las leyes de Colombia", así como la "jurisprudencia internacional" sobre el tema.
El pasado 22 de diciembre HRW denunció que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC en materia de justicia en el marco de las negociaciones de paz está lleno de "promesas vacías" y lo calificó como "una piñata de impunidad".
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que la conclusión de la carta enviada a HRW es muy sencilla: "no es un acuerdo perfecto porque ningún acuerdo de paz en la historia ha sido un acuerdo perfecto".
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Sin embargo, Santos agregó que "no cabe duda de que este acuerdo al que hemos llegado es el mejor de justicia transicional que jamás se haya negociado", en declaraciones dadas a los medios en la ciudad colombiana de Cartagena tras reunirse con sus asesores internacionales de paz y varios ministros de su gabinete.
Asimismo, señaló que esa opinión también la han expresado "los expertos internacionales, los expertos en estos temas que han estado gratamente sorprendidos cuando leen los acuerdos y analizan lo que finalmente se acordó".
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En la carta, Jaramillo también señala que con el acuerdo se busca poner fin a más de medio siglo de guerra en Colombia y "garantizar la construcción de una paz estable y duradera".
"Lo estamos haciendo como ningún otro proceso lo ha hecho hasta ahora, poniendo a las víctimas en el centro de la solución y garantizando la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
Además, pide a HRW que entienda que "la guerra es la mayor generadora de violaciones a los derechos humanos y, por eso, terminarla tiene que ser el primer deber, la misión más importante de quien esté empeñado en preservar dichos derechos".
La carta también hace referencia al sistema de justicia que se creará y que estará integrado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
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En este sentido, la carta señala que buscan asegurar, mediante la utilización de distintos mecanismos, "tanto judiciales como extrajudiciales", que se rindan cuentas respecto de "las graves violaciones" a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto armado de medio siglo.
Asimismo, afirma que buscan que se "satisfagan de la mejor manera" los derechos de las víctimas y que "se den garantías de seguridad jurídica a todos los que se acojan a los diferentes mecanismos y medidas del sistema".
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En la misiva también se reitera que "en ningún proceso de paz en el mundo se ha acordado un sistema igual" y agrega que en pocos de ellos "se han puesto de acuerdo en que los crímenes internacionales no pueden ser objeto de amnistía o indulto".
"De lo que se trata es de garantizar que podamos terminar el conflicto armado asegurando una respuesta adecuada a la demanda de las víctimas y de la sociedad en general de que los crímenes cometidos no queden en la impunidad", concluye la carta.