Han pasado cerca de dos años desde que se conoció el desfalco de la unión temporal Centros Pobladosal ministerio de las TIC por más de 70-000 millones de pesos que hasta el momento no se han recuperado.
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue reconocida como víctima en el proceso y se opone a los ofrecimientos irrisorios de reparación por parte de los implicados.
“Nosotros hemos presentado reparos, no solamente en torno al principio de oportunidad, sino de manera escrita ante la Fiscalía en relación con los preacuerdos, porque creemos que debe haber un balance y un equilibrio clarísimo entre justicia, reparación y aporte a la verdad”, manifestó Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
Y agregó que, "por eso, es muy importante que en materia de justicia se tengan en cuenta estas disposiciones legales alrededor de las disminuciones ante la eventual imposición de la pena".
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Pide que los preacuerdos se hagan en el marco de la legalidad y niega reuniones clandestinas o negociaciones privadas con los implicados.
“Nuestras reuniones son oficiales, hemos tenido varias reuniones tanto con abogado como también con los procesados, reuniones que se han hecho de manera institucional. Todas se han llevado a cabo en la Fiscalía General de la Nación con la presencia de la fiscal destacada para estos casos”, agregó Zamora.
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Incluso, en el marco de esas negociaciones, se conoció un polémico ofrecimiento que hizo el considerado cerebro del entramado, Emilio Tapia, para reparar a las víctimas.
“Hemos conocido por parte de su abogado el interés que tiene de presentar una propuesta concreta alrededor de restablecer ese servicio de conectividad a quienes no lo tuvieron en su momento, que no son sino los niños de los colegios, en donde estaba dispuesto que ese contrato se pueda ejecutar. Ese es una propuesta que llevaría a un compromiso para la conectividad, la entrega de equipos y la garantía de que esto se va a llevar con calidad, sino que en un tiempo que permita el cumplimiento como si hubiera sido el contrato”, indicó Martha Lucía Zamora.
La decisión de aprobar esa propuesta o no está en manos del Ministerio de las TIC.
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