Entre ellos estarían madres gestantes y lactantes, mayores de 60 años, enfermos y otros. No estarían cobijados quienes hayan cometido delitos graves.
Así lo explicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien añadió que el decreto está siendo estudiado para definir detalles y procedimientos.
Sería una medida transitoria por tres meses.
Cabello indicó que con esto se busca solucionar el problema de hacinamiento frente a la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19.
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Entre este grupo no se consideraría a quienes hayan cometido delitos graves como abuso sexual, de lesa humanidad o desfalcos graves al Estado.
La ministra de Justicia cree que unas 10 mil personas se verían beneficiadas.
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