Por violar la moralidad pública, el juez 37 administrativo de Bogotá ordenó a 50 exfuncionarios retornar, además, lo que obtuvieron por reposición de votos.
“Se infiere que los condenados por concierto para delinquir lo hicieron para cometer delitos (…) lo que les permitió inscribirse, obtener aval de sus respectivos partidos, salir electos y lucrarse de los beneficios salariales y prestacionales”, señala el comunicado con la decisión del togado.
Entre los excongresistas están: Mauricio Pimiento, Mario Uribe Escobar, Ciro Ramirez Pinzón, Juan Carlos Martinez, Luis Eduardo Vives, Álvaro García Romero, Javier Cáceres, Vicente Blel y Luis Alberto Gil.
“Ellos deben reponer más de 30 mil millones de pesos al Estado”, asegura Francisco Arteaga, demandante.
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En el fallo de primera instancia, que puede ser apelado, el juez declara responsables a los partidos por entregar esos avales.
En el veredicto se advierte que el Congreso debe cobrar salarios y prestaciones desde el momento en el que fue elegido.
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