“Le proponemos al Gobierno y al país entrar ya, sin condiciones que solo suscitan desconfianza, en una tregua bilateral previa como paso gradual al cese de fuegos bilateral y definitivo que ya estamos mirando en el horizonte próximo”, aseveró el vocero de las FARC.
Representantes del Frente Amplio por la Paz pidieron en La Habana al Gobierno de Colombia y a las FARC que avancen cuanto antes en un alto el fuego bilateral y expresaron su preocupación por la intensificación de operaciones militares que hacen peligrar el cese unilateral de la guerrilla.
Tras mantener una reunión con la delegación de paz de la insurgencia, las organizaciones sociales y políticas que integran el Frente señalaron que ha aumentado la presencia de la fuerza pública y de "estructuras paramilitares" en territorios del conflicto con presencia de las FARC, además de registrarse un crecimiento de las operaciones militares en once departamentos del país.
"La construcción de la paz exige el cese de cualquier forma de persecución contra los movimientos sociales, la oposición política y sus líderes, así como la desmilitarización de los territorios", reclamaron desde el Frente en un comunicado leído a la prensa por la exsenadora Piedad Córdoba y el copresidente de la Comisión de Paz del Senado de Colombia, Iván Cepeda.
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En este sentido, también expresaron su preocupación por la proliferación de estructuras militares y por "las evidencias de que se estaría preparando el llamado paramilitarismo del posconflicto"; y pidieron al Gobierno compromisos para resolver ese asunto.
Entre las nuevas propuestas del Frente para avanzar hacia la paz, destacaron la instalación de un "teléfono rojo" para la comunicación directa entre el Ministerio de Defensa y la delegación de paz de las FARC para resolver rápido posibles situaciones de tensión, así como crear una "comisión de apoyo para la distensión del conflicto" con presencia en zonas donde esté en peligro la tregua.
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También pidieron que las partes adquieran ante la mesa de negociación compromisos como, en el caso de las FARC, cambiar la formación militar en sus escuelas por formación política y poner fin al reclutamiento en sus filas.
En el caso del Gobierno, solicitaron terminar con las campañas para la desmovilización de guerrilleros, no ofrecer recompensas por comandantes insurgentes y la suspensión de los retenes en las áreas rurales.
Desde las FARC, también se hizo un llamamiento a "salvar" su alto el fuego unilateral, un "gesto humanitario asediado por operativos militares en todo el territorio nacional", afirmó su jefe negociador ‘Iván Márquez’ (alias de Luciano Marín Arango).
"Ningún pretexto es válido para justificar ataques y presiones contra una guerrilla en diálogo y cese el fuego, con la cual el Gobierno ha firmado un acuerdo de desescalamiento del conflicto", señaló ‘Márquez’, quien insistió en que el alto "no implica renunciar al derecho a la legítima defensa".
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En la reunión con los negociadores de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también asistieron representantes de organizaciones como Constituyentes por la Paz, Comunidades basadas en la Fe y organizaciones de víctimas.
Ante esto, el procurador general, Alejandro Ordóñez, aseveró que en los últimos comunicados de la guerrilla “están empleando el mismo lenguaje que utilizaron para justificar previamente la masacre de 11 soldados en abril pasado en el departamento del Cauca. Tales comunicados son una amenaza inaceptable de nuevas masacres”.
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