La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que tiene en marcha "múltiples actividades investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)". En desarrollo de esta actividad, agrega, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia Sandra Ortiz, "en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos".
Durante los encuentros, apunta el ente investigador, la defensa de Ortiz "ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada, y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial".
La exfuncionaria, agregó la Fiscalía, manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción.
En este caso de corrupción, que se conoció en mayo de 2024, están vinculados, además de Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González y los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. También congresistas como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
El escándalo tiene que ver con la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira (en el Caribe) mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero. Las cabezas del gigantesco entramado de corrupción son el exdirector de la UNGRD Olmedo López y Pinilla, a los que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró como director y subdirector de la UNGRD, respectivamente.
Ortiz se convirtió en una de las piezas clave en el escándalo y salió salpicada por López y Pinilla, condenado a cinco años efectivos de prisión por su aceptación de cargos. Los dos exaltos funcionarios señalaron a la exconsejera se haber entregado al expresidente del Senado, Iván Name, 3 mil millones de pesos que habrían salido de la entidad, en medio de las reformas que el Gobierno nacional tramitaba en el Congreso de la República, especialmente la pensional, que finalmente fue aprobada. Ortiz, luego de su detención, había manifestado a la Fiscalía su intención de acogerse a un principio de oportunidad y contar detalles del entramado de corrupción.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
wamoreno@caracoltv.com.co
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