Con esta decisión dejó sin efecto las medidas cautelares solicitadas por la JEP. El alto tribunal recordó que estas propiedades deben reparar a las víctimas.
La decisión de la corte se tomó por unanimidad en una votación de 9-0. Se calcula que los activos superan los 2,3 billones de pesos.
La Corte Constitucional pidió remitir expediente a sala de primera instancia de la JEP para que sea archivado.
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