Gobierno colombiano manifiesta preocupación por fiscal venezolana

En el mismo comunicado de la Cancillería, se rechazó el sobrevuelo de un helicóptero en el Tribunal Supremo y la agresión a diputados y periodistas.

La siguiente es la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su rechazo por los hechos acontecidos en Venezuela el 27 de junio contra el Tribunal Supremo de Justicia, así como las agresiones verbales y físicas cometidas por la Guardia Nacional contra diputados y periodistas que se encontraban en el recinto de la Asamblea Nacional.

El Gobierno de Colombia manifiesta su preocupación por los continuos ataques verbales y descalificaciones contra el Ministerio Público en cabeza de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, situación que atenta contra la autonomía y libre ejercicio de un poder público como el que representa dicha funcionaria.

Colombia reitera la importancia del cumplimiento del calendario electoral, la liberación de los presos políticos y el respeto a los mandatos constitucionales de la Asamblea Nacional. De igual forma, consideramos que el proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente en este momento no contribuye a la cohesión social de Venezuela.

El alto grado de conflictividad y violencia registrado en Venezuela en casi tres meses de protestas, hace urgente que las partes se sienten a dialogar con el fin de encontrar salidas políticas que permitan, en el corto plazo y de manera urgente, encontrar soluciones a la delicada situación que vive el país"

Presiones contra el Ministerio Público

El gobierno venezolano logró que la justicia llamara a la fiscal general, Luisa Ortega, al banquillo de los acusados el próximo martes, en medio de denuncias de un intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, fijó la audiencia oral y pública para el 4 de julio a las 14H00 GMT, ante lo que le prohibió la salida del país y ordenó congelar sus cuentas y bienes, según un comunicado oficial.

También deberán comparecer el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, de línea chavista, y el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal y pidió a los magistrados evaluar su salud "mental".

Carreño acusa a la fiscal de mentir al haber asegurado que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.

La decisión judicial se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses y dejan 77 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un "ataque terrorista" como parte una intenta golpista.