El tribunal de paz de Colombia sentenció este viernes a cinco exmilitares por el asesinato y la desaparición de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate en el noroeste de Colombia.
Es la tercera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que impone penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables del conflicto cuenten la verdad sobre sus crímenes y reparen a las víctimas.
Los cinco condenados deberán realizar acciones restaurativas como la búsqueda de personas desaparecidas o el desminado humanitario, tras reconocer el asesinato y la desaparición de 35 personas entre 2002 y 2006 en la convulsa región de Antioquia.
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Son "crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida, constitutivo de crimen de guerra", dice la sentencia de la JEP.
Entre las víctimas figuran campesinos, habitantes de calle y menores de edad, según la sentencia.
Durante los años más sangrientos del conflicto, miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC.
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Con esos crímenes los militares buscaban inflar las cifras de éxitos militares a cambio de beneficios como días de descanso o condecoraciones.
Antioquia, bastión paramilitar histórico, fue escenario de masacres, asesinatos y desapariciones. Allí se estigmatizaba y acusaba a campesinos de colaborar con la guerrilla.
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"La verdad permitió saber qué ocurrió (...) El horizonte de esta sentencia es aportar a la no repetición, la reconciliación y la paz", dijo Diana Vega, vicepresidenta de la JEP.
El tribunal recoge casos como el de Óscar Chaverra, que fue engañado y trasladado desde Medellín al municipio de Dabeiba, donde lo asesinaron y desaparecieron por años.
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Su familia recuperó sus restos durante el juicio contra los exmilitares.
La colaboración de los condenados permitió recuperar 77 cadáveres de víctimas de desaparición forzada, según la JEP.
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"La paz no consiste en que Colombia olvide lo que pasó, consiste en que tenga el valor de reconocerlo", dijo Esneda Altamirano, tía de una víctima presentada falsamente como guerrillero, en un video proyectado durante la lectura de la sentencia.
Nacida del acuerdo de paz de 2016 con la extinta FARC, la JEP se encuentra en la mira del presidente derechista Abelardo de la Espriella, quien prometió en campaña acabar con el tribunal y ahora impulsa recortes presupuestales.
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AGENCIA AFP