La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención violenta contra una abogada que trabaja como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP. Se trata de Sandra Mónica Herrera Gaviria, quien está vinculada al sistema de justicia transicional mediante el convenio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).
De acuerdo con el relato de la JEP, la abogada se encontraba atravesando el cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), para ir hasta La Plata (Huila). Luego, tenía proyectado ir hasta Florencia (Caquetá) para desarrollar sus labores de representación legal de los comparecientes de la JEP. (Le puede interesar: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")
El trayecto fue interrumpido cuando sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Herrera, que pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Los ocupantes encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona. Posteriormente, los agresores se apropiaron del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos; como consecuencia, el esquema y la abogada quedaron incomunicados en el lugar.
Este hecho de violencia fue antecedido por denuncias que hizo la abogada sobre presuntas amenazas que recibió en su contra. Por esa razón, la magistratura de la JEP le ordenó a la UNP que garantizara su seguridad mediante la asignación de un esquema de protección que fue efectuada el pasado 6 de mayo del presente año. (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")
La JEP rechazó el hecho de violencia y aseguró que este constituye un “acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”. A sus declaraciones, la jurisdicción también agregó su rechazo categórico a “cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”.
“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia”.
María Paula Rodríguez Rozo
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