El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. Desde la perspectiva del congresista, este dinero se destinaría para la creación de nuevos despachos o formalización de cargos en la planta de ese organismo.
“Sus indicadores de resultados son desastrosos”, mencionó Gómez Martínez sobre la JEP. Insistió, además, que mientras tanto los colombianos sufren porque la justicia ha quedado rezagada para atender cerca de 2.2 millones de procesos. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió el comunicado del congresista, agregando: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.
Ante esta propuesta, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pidió que se garanticen los recursos indispensables para su operación. “La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes”, indicaron en un comunicado.
En otro punto, la JEP indicó que en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.
Respecto a esta situación, manifestaron que “estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.
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Finalmente, señalaron que la JEP pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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