El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió retirar este jueves a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), un grupo de 45 países que luchan por la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ y del que Colombia era copresidente junto con España desde 2024. "El Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en una carta que envió la Cancillería colombiana a la institución. La organización colombiana Caribe Afirmativo señaló que el país abandonó la coalición antes de concluir el mandato que había asumido en diciembre de 2024 y reclamó explicaciones públicas al Gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente saliente del mecanismo, expresó la alerta tas no recibir respuesta del Gobierno a sus solicitudes de empalme. Según Castañeda, se le había pedido a la diplomacia colombiana que, aun si no existía voluntad política de continuar a futuro, se permitiese culminar los cuatro meses restantes del mandato: "Indicamos que si no había una voluntad política de seguir (...) que por lo menos terminaran la copresidencia (...) y permitiese hacer un retiro tranquilo (...) pero no tuvimos respuesta a esta solicitud".
La coalición reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países y trabaja en áreas como la diplomacia internacional, la legislación y las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la protección humanitaria.
Caribe Afirmativo aseguró que, según fuentes oficiales consultadas por la organización, el argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la salida estaría relacionado con la percepción de que la participación de Colombia en la instancia constituye un legado del Gobierno anterior. Sin embargo, la organización sostuvo que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben formar parte de compromisos de Estado y no depender de los cambios de Gobierno. También pidió información sobre la continuidad de la agenda de igualdad en la política exterior y sobre los recursos destinados a la implementación de la Política Exterior Feminista durante 2027.
Otras organizaciones en Colombia han expresado su preocupación por esta decisión, como Bogotá Diversa y Colombia Diversa. Para Miguel Barriga, director de Red Somos, otra de las organizaciones sociales que han rechazado esta decisión, constituye una señal preocupante frente a la situación que atraviesan las personas LGBTIQ+ en Colombia y frente al papel que el país ha desempeñado históricamente en la defensa internacional de los derechos humanos. "Es de extrema gravedad la decisión diplomática que tomó la Cancillería. Abandonar esta alianza, antes de concluir el periodo de copresidencia, no es un simple trámite administrativo: representa romper un compromiso del Estado colombiano y enviar una señal preocupante al mundo. Los derechos humanos no son un legado político desechable; son una obligación permanente de los Estados", afirmó Barriga.
A ese llamado se ha sumado incluso la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien le pidió a la Cancillería que aclare que esta decisión "no representa una posición ideológica con la que tome distancia de su deber constitucional de proteger integralmente los derechos de uno de los grupos sociales más marginados y que mayor violencia sufren: las personas LGBTIQ+". La defensora Marín recordó que, entre 2024 y abril de 2026, la Fiscalía reportó el transfeminicidio de 68 mujeres trans, y en 2025 se presentaron, según Medicina Legal, 148 asesinatos de personas LGBTIQ+. "Las personas LGBTIQ+ requieren el respaldo del Estado. El Estado no puede dejar de darlo", manifestó.
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En 2025 fueron asesinadas 270 personas LGBTIQ+ en Colombia, una cada 32 horas, según cifras de Caribe Afirmativo, que este año ha documentado 43 asesinatos.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ratificó este viernes su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y las libertades de esta población y con la coalición. Esa entidad recordó en un comunicado que, a pesar de los avances alcanzados para garantizar la igualdad ante la ley y luchar contra la discriminación, en muchas partes del mundo las personas LGBTI+ siguen enfrentándose a "la discriminación, la violencia, la exclusión" y otras formas de vulneración de derechos. "España reafirma el compromiso compartido con la igualdad, la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos, principios fundamentales para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y resilientes", subrayó el Ministerio.
¿Qué respondió el Gobierno?
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El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia, Pedro Agustín Roa, aseguró que la decisión de retirar al país de la ERC no supone un retroceso en la protección de la población LGBTIQ+. La Cancillería explicó que el retiro responde a un ejercicio de priorización de los asuntos más destacados de la política exterior, en el que se determinó que la participación en la coalición no era prioritaria. “Colombia tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos por la constitución política, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la corte constitucional que protegen a las minorías por orientación sexual”, aseguró el funcionario.
Durante la campaña electoral, el hoy presidente, Abelardo de la Espriella, se manifestó en contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, postura que forma parte de su posicionamiento sobre la familia tradicional y que ha sido señalada por organizaciones como motivo de preocupación ante el rumbo de las políticas de igualdad del Gobierno colombiano.
Durante la reunión plenaria del mecanismo, la representación diplomática de Colombia argumentó que la agenda LGBTIQ+ no constituye una prioridad para la política exterior del actual Gobierno y que lo avanzado históricamente en el país resulta suficiente. Al respecto, Castañeda rechazó la postura oficial: “Nos parece una afirmación contraria que desconoce unos compromisos históricos que tiene Colombia en materia de política exterior”. De igual forma, advirtió sobre el impacto diplomático de la medida: “Manda un mal mensaje a la comunidad internacional porque (...) la forma abrupta como cierran la puerta que no permiten un ejercicio de empalme ni de traslado de funciones pues deja Colombia muy mal parado”.
Frente a la postura del viceministerio, que sostuvo que la retirada no vulnera garantías al existir avances legales y jurisprudenciales previos, Castañeda rebatió ese argumento y explicó que las sentencias nominales no garantizan una vida digna debido a la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno. De hecho, desmintió que la permanencia en el organismo representara un costo fiscal para la nación: “La participación en la Equal Rights Coalition no le generaba a Colombia ningún gasto externo (...) Colombia no estaba poniendo un solo peso”.
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Respecto a las consecuencias para el país, enfatizó en que Colombia pierde credibilidad internacional, oportunidades de cooperación y acompañamiento técnico en el cumplimiento de los llamados de atención hechos por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Este es un gobierno que llegó con una meta clara de desmontar los derechos de las personas LGBTQ (...) y de romper cualquier compromiso que tienen como un estado social de derecho con un grupo poblacional históricamente discriminado y excluido", afirmó Castañeda.
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