JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por falsos positivos en Meta, en el caso 003, en el que participan 4.653 víctimas.Entre los llamados están 20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y 7 del Gaula Rural Meta (GAMET). Además, tres generales retirados: Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Francisco José Ardila Uribe y Carlos Eduardo Ávila Beltrán.El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, precisó que los imputados deberán responder “por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007, fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad”. (Lea también: La granja del horror: militares recluían a jóvenes en Sucre para presentarlos como falsos positivos)Lo que se sabe de los presuntos vínculos de los militares en los falsos positivos de MetaEl alto tribunal señaló que para este caso escuchó testimonios de testigos como los exparamilitares Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro.De acuerdo con la investigación adelanta por la JEP, se “estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros”.Agrega que funcionaba “de tres formas: 1) Operatividad conjunta (operaciones militares defensivas y ofensivas coordinadas. 2) Permisividad con el accionar paramilitar, la cual se tradujo en la ausencia de operaciones militares dirigidas en su contra y en la tolerancia frente a los crímenes que cometían contra la población civil. 3) La presentación de bajas falsas en combate”.“La investigación arrojó que la presentación de bajas falsas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública, a cambio de dejarlos delinquir -principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico- y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, desapariciones forzadas, al menos en la jurisdicción del BIVAR”, señaló la JEP.Para la jurisdicción, los casos de falsos positivos no tuvieron que ver con “manzanas podridas”, y que por el contrario fue “una práctica sistemática, ejecutada por unidades militares en distintas regiones del país, y no hechos aislados o desconectados entre sí”, en palabras del presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, magistrado Óscar Parra Vera. (Lea también: JEP condena a 8 años de sentencia restaurativa a 12 exmilitares por falsos positivos)Por otro lado, el presidente de la JEP dijo que, “para la Jurisdicción, está probado que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en operaciones de apoyo aéreo cercano en las que murieron personas que posteriormente fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Sin embargo, por el momento, no se encontraron evidencias de que tuvieran conocimiento o participación dolosa en la comisión de tales crímenes”, por lo que se considera “plausible que los miembros de la FAC pudieron ser manipulados por integrantes del BIVAR, con el fin de dar un ropaje de legalidad a sus actuaciones criminales”.“La Sala de Reconocimiento de Verdad declaró la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de 42 homicidios agravados que fueron reportados como bajas en combate”, precisó.“Hoy podemos decir con pruebas contundentes que se trató de un patrón macrocriminal nacional. Estos hechos ocurrieron en todo el país, con el mismo modus operandi, con las mismas modalidades de acción criminal”, aseveró la magistrada Catalina Díaz Gómez, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, quien agregó que la política que tenían los militares “era identificar la baja, el muerto, como el indicador real del éxito de la operación”.Los 30 comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y las responsabilidades atribuidas.Quienes no reconozcan responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que decidirá si formula cargos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallados culpables, se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de cárcel.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co

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Los llamados deberán responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio, en hechos ocurridos entre 2002 y 2007, indicó el alto tribunal.

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