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Un reciente fallo por un falso positivo dejó al descubierto que algunos militares llegaron al extremo de agrupar a decenas de víctimas en una finca en donde los llevaban a trabajar durante semanas antes de sacarlos para asesinarlos. El caso se descubrió a comienzos de septiembre de 2025 a raíz de una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Rangel García, una de las más de 6.400 víctimas de asesinatos por parte de militares en una macabra práctica conocida en el país como falsos positivos.
"Mi coronel Borja era diferente. Mi coronel Borja desde el momento en que llegó, que yo me reuní con él, dijo: “Toca dar 1 o 2 bajas, toca darlas como sea”. Entonces, yo le dije: “Mi coronel ¿cómo así "como sea”?”. “Sí, mano, si toca conseguir las armas, toca buscar la gente, aquí hay mucha gente necesitada”, afirmó el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Después de terminar el bachillerato, Rangel trabajó en su natal Cartagena como vendedor de tintos para buscar su sustento y el de su madre. El 13 de septiembre de 2007 viajó a Sucre a laborar en una finca. En enero de 2008 su familia se enteró por las noticias que el joven de 22 años había muerto en un supuesto enfrentamiento con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada en ese entonces por el coronel Luis Fernando Borja.
"Antes no nos pedían resultados como muertos pero los hacíamos, no los reportábamos. Por eso yo decía en Tolú, viejo, que 6.042 es un número pequeño", afirmó en algún momento el coronel Luis Fernando Borja.
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Javier Villegas, el abogado encargado de la representación legal de la familia de Rangel, señala que "hoy la justicia reconoció que Víctor nunca perteneció a un grupo armado y le ordenó al Estado, al Ejército Nacional, indemnizar a la familia de la víctima y pedir disculpas públicas".
Justamente en las declaraciones recolectadas durante años en el proceso de la investigación por el caso de Rangel se descubrió esa escabrosa práctica: la existencia de una especie de granja de almacenaje de víctimas para convertirlos en falsos positivos, un hecho hasta ahora desconocido para la opinión pública.
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"Este caso reveló una práctica monstruoso de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales", afirmó el abogado Villegas.
En versiones voluntarias ante la JEP, como una que tuvo lugar en julio de 2023, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la fuerza de tarea conjunta de Sucre, se refirió a la existencia del lugar y las prácticas que hacía allí su entonces jefe, el coronel Borja.
"Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como 15 personas y las metió en una finca a trabajar; y de esa finca… pues… yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo, sacaba uno o de a dos e iba y daba esos resultados, hasta que básicamente llevó más de 57 bajas, creo", afirmó Céspedes. En esa misma versión dijo que la maquiavélica idea de acumular inocentes para ser asesinados surgió porque era muy difícil conseguir víctimas y había que tener una especie de stock para dar resultados constantes.
"Sí, mi coronel Borja tuvo como 10, de 10 a 15 aproximadamente, en una finca los tenían, a unos muchachos trabajando, yo nunca conocí la finca porque cuando yo dije: “No, yo hasta aquí participo, ya le corresponde a usted", entonces ya él empezó a maquinar porque cada vez era más difícil dar los resultados porque ya iba 20, después 30, después eran 40, después subió a 50, entonces ya no se conseguía gente para eso", relató Céspedes ante la JEP.
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Y añadió el testigo en relación con los oficiales del Ejército que conocieron de esa finca en la Costa Atlántica: "Yo sé que mi coronel Borja; mi coronel Peña, el comandante de la brigada; mi coronel Narváez, que era el 3, el jefe de operaciones de toda la brigada, pues… sí tenía… de una manera u otra, sí tenían conocimiento".
La abogada de víctimas Sandra Villegas le preguntó: "Sí, cuando usted se refiere a que tenían conocimiento de lo que hacían, es a esa práctica de llevar, discúlpeme la palabra, de llevar personas y almacenarlas en una finca, para luego llevárselas y asesinarlas". Céspedes respondió: "Sí, pero eso creo que lo hizo mi coronel Borja".
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Borja, el oficial al que se refiere, es considerado uno de los mayores perpetradores de ejecuciones extrajudiciales. Ante la JEP reconoció su responsabilidad directa en más de 60 asesinatos de inocentes. Céspedes, quien fue su subalterno, también se acogió a la JEP, que lo investigó por decenas de asesinatos en Córdoba y Sucre. "De todas las operaciones que se realizaron con el coronel Borja fueron falsos positivos", afirmó Céspedes en otra comparecencia.
Estos dos oficiales fueron condenados a mas de 40 años de prisión por sus crímenes pero se acogieron a la JEP y actualmente están en libertad.
UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL