La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes retirados y activos del Ejército Nacional, entre ellos cinco generales, por falsos positivos cometidos entre los años 2005 y 2008 en Huila.
Según el alto tribunal, los militares deben responder por 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, así como por 8 tentativas de homicidio.
La JEP indicó que 192 de las 264 muertes reportadas por cuatro unidades militares priorizadas en la investigación “fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate”.
Dichas unidades son el Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (BIPIG), Batallón de Infantería No. 27 Magdalena (BIMAG), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.
“La JEP llamó a reconocer responsabilidad al mayor general Miguel Pérez Guarnizo, al general (r) Jaime Lasprilla Villamizar y al brigadier general William Pérez Laiseca. Y, como coautores, llamó a reconocer responsabilidad a los mayores generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo”, precisó la jurisdicción.
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“La JEP se abstuvo de imputar al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo, antiguo comandante de BIMAG y 6 oficiales más, de IX Brigada, porque no se aprecian bases para considerarlos máximos responsables. Sus procesos se remitieron a Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”, agregó el alto tribunal.
Según la investigación del caso 03, proceso al que se vinculó a los 35 militares, se efectuaron “operaciones ofensivas” u “operaciones de destrucción” con maniobras de “emboscada” cuando no se reunían los requisitos consignados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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