La JEP imputó por 14 delitos a diez exintegrantes de las FARC, pertenecientes a las estructuras Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, por hechos cometidos contra grupos indígenas, minerías y campesinos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Entre los crímenes por los que deberán responder están: desaparición de líderes de comunidades étnicas y campesinas, asesinato, persecución y reclutamiento de niñas y niños, instalación de minas antipersonal, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, destrucción del medio ambiente y dirigir atentados contra la población civil, entro otros.
Los exintegrantes de las FARC contra los que la JEP imputó delitos son: Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso, Efrén Núñez, Remigio Valero y Gloria Ramírez Vázquez, de la estructura Gabriel Galvis.
De la columna Jacobo Arenas, los imputados son: Reinel Natalio García, Braulio Vásquez, James Castro, Heriberto Reina y José Antonio Muñoz.
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Es la primera vez que se imputa el delito de reclutamiento forzado de niños contra exintegrantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que se desmovilizó en el marco del proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos.
Según la JEP, los exintegrantes de las FARC realizaron “ataques que afectaron de manera sistemática el derecho a la identidad cultural de pueblos ancestrales, indígenas y afrocolombianos priorizados en el caso 05” que investiga la jurisdicción.
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La JEP precisó que aunque en esa región operaron varias estructuras adscritas al bloque occidental Alfonso Cano de la extinta guerrilla, las dos columnas móviles que menciona “hicieron presencia significativa en los 17 municipios priorizados” en su indagación.
Estas poblaciones son: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en Cauca; y Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en Valle del Cauca.
Allí, la JEP dijo haber identificado 10 patrones criminales:
- Ataques para expulsar a las autoridades de la zona, que dejaron cientos de muertos y heridos de la población civil, afectación de viviendas, escuelas, plazas públicas y sitios sagrados.
- Muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otras personas protegidas por el DIH en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las FARC-EP.
- Desapariciones forzadas de civiles considerados informantes, colaboradores o enemigos de las FARC-EP.
- Traslado forzoso de indígenas, campesinos y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las FARC-EP.
- Persecución de los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no aceptaron la política de control territorial y social de las FARC-EP.
- Utilización, reclutamiento o alistamiento de niñas y niños de las comunidades de la región.
- Utilización de minas antipersonal.
- Ejecuciones sin todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables de miembros de las FARC-EP.
- Confinamiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las FARC-EP.
- Afectaciones al medio ambiente y a los territorios.
La JEP señaló que lo encontrado en su investigación contra estos exintegrantes de las FARC “supera ampliamente el umbral de verdad hasta ahora conocido por la justicia ordinaria y demuestra que los crímenes de los comparecientes, ni siquiera estando a disposición de la justicia, fueron investigados”.
Esto “implica un fracaso del sistema penitenciario y una burla a la justicia ordinaria, que simplemente veía cómo muchos miembros de las FARC-EP entraban y salían de la cárcel sin ningún efecto preventivo especial”, precisó la jurisdicción.
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