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‘Jorge 40’ contó ante la JEP cómo compraban y traían sus armas a Colombia

‘Jorge 40’ dijo que eran pagadas con tarjeta de crédito y eran enviadas al país “como si fueran repuestos”. ¿Quién financió la adquisición del armamento del extinto grupo paramilitar?

‘Jorge 40’ contó ante la JEP cómo compraban y traían sus armas a Colombia

Durante cerca de siete horas, en el Palacio de Justicia de Ibagué, compareció ante la JEP el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Se prevé que vuelva a comparecer en otra audiencia cuya fecha aún no ha sido definida.

En su declaración, el exparamilitar explicó cómo, en 1997, viajó a EE. UU. junto con Salvatore Mancuso a comprar elementos de telecomunicaciones y armamento.

Había “otro paquete más grande que incluía municiones de fusil AK-47, armas y hasta una máquina para calzar munición, y se mandaban como si fueran repuestos (…) se mandaban a Cartagena”, señaló.

‘Jorge 40’, que se encuentra detenido en una cárcel de Ibagué, aseguró que “todas estas compras eran canceladas por Salvatore Mancuso. Tengo entendido que todo era plata de Carlos Castaño hasta donde pude entender, pagado con una tarjeta de crédito”.

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La JEP “le dio un plazo a Rodrigo Tovar Pupo y a su defensa para que presenten, a más tardar el 20 de febrero próximo, los temas del cuestionario de la sección de apelación que ellos consideran que deben ser respondidos pública o reservadamente”, indicó el tribunal.

Cuando ‘Jorge 40’ regresó a Colombia en 2020, tras cumplir una pena en EE. UU., las autoridades dijeron en ese momento que el exparamilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas.

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Esto por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron por lo menos a 60 personas en febrero de 2000 en el departamento de Bolívar.

Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la ley de justicia y paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como ‘Jorge 40’ perdieron esos beneficios.

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