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Elevará dos acciones, una ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otra ante el Consejo de Estado.
En la primera, pide que se cumpla lo que para el Gobierno fue una victoria en la votación, pues se consiguió la mayoría requerida teniendo en cuenta que actualmente solo están habilitados 99 congresistas.
Guillermo Rivera, ministro del Interior, dijo el día de la votación que “la mayoría frente a 99 senadores es de 50 senadores y está conciliación tuvo 50 votos favorables”.
Sin embargo, la mesa directiva del Senado hizo otras cuentas. “Somos 102, menos 3 es 99. La mitad de 99 es 49 y medio, la mitad más uno, como dice la ley, es 50 y medio: nos faltó entonces medio voto y como no se puede medio voto faltaría un voto”, explicó Efraín Cepeda, presidente de esa corporación.
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Ante el Consejo de Estado, el Gobierno solicitará la nulidad del acta que sentenció el hundimiento de esa urules de paz.
Para la oposición, el Ejecutivo debe respetar las decisiones del Senado y aceptar la derrota.
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Las víctimas, entretanto, consideran que la decisión del Congreso demuestra que nunca fueron el centro del acuerdo de La Habana y que los parlamentarios les fallaron a quienes han sufrido la peor parte del conflicto armado.
“No se puede construir paz sin la voz de las víctimas, sin ejercicio del derecho a la participación a las víctimas, esto es gravísimo”, lamentó Edgar Velasco Tumiñe, de la mesa de concertación indígena.
“Saldremos a decirle al país quiénes fueron aquellas personas que nos ayudaron a hundir nuestro proyecto de circunscripciones especiales, para que las víctimas tengan en cuenta eso al momento del sufragio”, expresó Odorico Guerra Salgado, de la mesa nacional de participación de víctimas.
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