Las agresiones a las que concejal en Barranquilla habría sometido a su expareja sentimental

El concejal Alexis Castillo Jiménez, del Partido Conservador, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Este hombre fue señalado de estar golpeando a su expareja en la ciudad de Barranquilla y habría sometido a su excompañera sentimental a dichas agresiones durante los años 2023 y 2024, cuando vivían juntos. Un juez de control de garantías expidió una orden de captura en contra del político, a raíz de las denuncias de su excompañera sentimental, pero este se presentó voluntariamente ante las autoridades el 24 de febrero y, aunque ya se encuentra en libertad, seguirá vinculado con el proceso.

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De acuerdo con información del ente acusador, un fiscal de la Seccional Atlántico fue quien acusó formalmente al concejal Alexis Castillo, quien no aceptó el delito durante el desarrollo de las audiencias.

Según la Fiscalía, el concejal Castillo no solo cometió agresiones físicas en contra de su expareja sentimental, sino que este hombre habría ejercido violencia psicológica y económica en contra de la víctima, quien decidió separarse de este servidor público. Sin embargo, al parecer, el concejal la siguió intimidando.

Además, el ente acusador reveló un episodio en el que el concejal barranquillero habría agredido físicamente a su expareja sentimental en el año 2024, cuando la mujer se encontraba al interior de una vivienda.

¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

Denunciar la violencia intrafamiliar en Colombia es un proceso que cualquier persona puede iniciar, ya sea la víctima directa, un familiar, un vecino o incluso una institución que tenga conocimiento del hecho. Según la normativa colombiana, la violencia intrafamiliar es un delito que incluye agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales dentro del núcleo familiar, y puede ser investigado incluso sin denuncia directa cuando la autoridad tiene conocimiento de la situación.

El primer paso consiste en garantizar la seguridad de la víctima. En situaciones de emergencia, se recomienda contactar líneas inmediatas como el 123 de la Policía o acudir a un centro de salud para recibir atención médica y registrar posibles lesiones. También es posible buscar apoyo inmediato en una comisaría de familia.

Posteriormente, la denuncia formal puede presentarse ante una comisaría de familia, la Fiscalía General de la Nación, inspecciones de policía o estaciones de policía. La víctima o denunciante puede relatar los hechos de manera verbal o escrita, incluyendo datos del presunto agresor y cualquier evidencia disponible, como fotografías, dictámenes médicos o testimonios. Además, el país ofrece la opción de radicar denuncias en línea a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual.

Una vez interpuesta la denuncia, la autoridad competente debe emitir medidas de protección en un plazo máximo de cuatro horas. Estas pueden incluir la expulsión del agresor del hogar, órdenes de alejamiento o protección policial. Dichas medidas buscan salvaguardar a la víctima sin obligarla a abandonar su vivienda.

Finalmente, la Fiscalía inicia la investigación penal correspondiente, mientras que entidades como el ICBF, defensorías y organizaciones especializadas proporcionan acompañamiento jurídico y psicosocial durante todo el proceso. Estos mecanismos buscan garantizar la protección integral, el acceso a la justicia y la recuperación de la víctima.