Después de 50 años de un sangriento conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, que dejó miles de víctimas directas e indirectas, quienes fueran los máximos jefes de este grupo, es decir su secretariado, reconocerán ante laJEP, por primera vez, su responsabilidad en todos los secuestros cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, esta semana se encendió la polémica al conocerse que no todas las víctimas participarán en esta audiencia que se llevará a cabo los días 31 de mayo, 2 y 7 de junio en Bogotá.
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Quienes elevaron la queja fueron los familiares de los diputados del Valle, secuestrados por esta extinta guerrilla el 11 de abril de 2002. A través de un memorial, radicado ante la JEP el pasado 3 de mayo, expresaron su preocupación porque no fueron convocados para esta diligencia. En dicho texto no solo hacen esta denuncia, sino también señalan que se han omitido varias pruebas solicitadas para el debido reconocimiento como víctimas.
“No solo se ha obviado la búsqueda de otros testigos sino también las pruebas que fueron allegadas al proceso de Sigifredo López Tobón en el vil montaje que elaboró la Fiscalía General de la Nación y me refiero a las que reposan en el computador de Raúl Reyes. Si bien es cierto, la norma procesal implementada a esta jurisdicción se reglamenta la permanencia de la prueba, que en el caso en particular sí ha sido obviada, y puedo manifestarles, respetuosamente, aún se está a la espera que los integrantes del secretariado de las FARC-EP, nos den por fin luces e identifiquen plenamente quienes son las personas referidas en dichos correos”, se lee en el documento.
Incluso, agregan que hay una violación de los derechos de la víctimas y que se trata de una manera, según ellos, de silenciar sus exigencias al antiguo secretariado. “Si bien se entiende que son miles de víctimas acreditadas dentro del Caso 01, no es menos cierto que uno de los propósitos de la JEP es que las víctimas encuentren verdad plena y parte de ello se efectúa teniendo en cuenta la centralidad de las mismas y el principio dialógico que fue implementado por la JEP; sin embargo al limitar la participación de la víctimas al menos del 1%, laceran sin duda sus derechos a esa verdad plena y además atentan contra el principio constitucional de igualdad, ya que si no se han obtenido respuestas a las demandas de verdad por parte de los comparecientes mucho menos lo harán ahora que estos acepten su responsabilidad y solo resta la sanción a imponer”, añaden las víctimas en la petición.
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Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz ha señalado que se hizo un análisis exhaustivo para la elección de las víctimas que podrán asistir a esta diligencia. Entre las más de 3.000 víctimas de secuestros, se escogió un selecto grupo que representa a los diferentes tipos de secuestros cometidos en el conflicto.
“En este momento tenemos más de 3.000 víctimas acreditadas. Todas ellas podrán observar la diligencia a través de un link y podrán estar presentes en la diligencia con la representación de sus organizaciones. Igualmente hemos invitado a todas las organizaciones que presentaron informe. Además, hemos invitado a algunas víctimas que tenían observaciones respecto del secretariado, específicamente, porque va a haber otra diligencia para aquellas víctimas que tenían y que tendrán observaciones respecto al proceso que avanza contra comandantes de frente y comandantes de bloque”, aseguró Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de reconocimiento de la JEP.
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