Medidas de CIDH serían un golpe en lucha contra corrupción: procurador

El jefe del Ministerio Público asegura que no hay animadversión política, ya que en varias ocasiones su despacho ha archivado investigaciones contra el mismo alcalde de Bogotá y funcionarios cercanos a su Gobierno, como Antonio Navarro y Guillermo Jaramillo.

"Hay infinidad de episodios que demuestran que mis fallos no están permeadas", dijo Ordoñez y agregó que incluso algunas de sus decisiones han sido anuladas por el Consejo de Estado, organismo que, recordó, puede suspenderlo a él o sus medidas. 

Añadió que no es cierto que se hayan violado los derechos políticos del alcalde de la capital, ya que el funcionario tuvo todas las garantías durante el proceso. "Declaró, refutó pruebas y recusó", añadió el procurador.

Sobre unas posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que no son vinculantes para el Estado colombiano. Además dijo que "no procede la intervención" ya que el alcalde tiene distintas vías dentro del ordenamiento legal para su situación.

"El derecho interno tiene instancias y organismos que protegen a los ciudadanos", agregó.

Sobre la posición de la CIDH de que solo una sentencia de un juez puede destituir a funcionarios elegidos por voto popular, señaló "Quedaríamos entonces sin posibilidad de exigirle a los funcionarios públicos. La autoridad administrativa no podría entonces castigar y sancionar alcaldes, congresistas, concejales. Los funcionarios no tendrían control y sería un golpe en la lucha contra la corrupción".

Según su concepto, la justicia internacional es complementaria y no sustitutiva del ordenamiento legal colombiano. "El pacto de San José debe adaptarse armónicamente y debe estar en sintonía en la lucha contra la corrupción", expresó.

"Mis competencias no me las autocreé", dijo y explicó cómo, según él, la Constitución, la Corte Constitucional y el ordenamiento legal le han dados las facultades que ahora aplica.

Añadió además que no existió, como asegura la defensa de Gustavo Petro, una reunión entre él y el expresidente Uribe sobre la destitución del alcalde.

Y preguntó "si vamos a hablar de reuniones por qué entonces no preguntamos por la de tres horas que tuvo el fiscal con Petro".

Añadió que no es cierto que mida con diferente rasero a los funcionarios. "No es la primera decisión por errores administrativos, hay un centenar de decisiones contra funcionarios por este tema", dijo.

Sobre el tema de la sanción para quienes desfalcaron a la ciudad en el llamado ‘carrusel de la contratación', señaló que las únicas decisiones en firme contra esos funcionarios son las de la Procuraduría General.

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