El funcionario, según la Fiscalía, les habría cobrado astronómicas sumas a entidades de seis municipios por alterar resultados de auditorías.
En el palacio de justicia de Medellín, un juez define si envía a la cárcel al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a tres alcaldes y a otras personas capturadas por integrar una presunta red de corrupción en ese departamento.
Decenas de interceptaciones telefónicas, documentos y lujosas propiedades dejaron en evidencia la forma en la que, según la Fiscalía, Zuluaga creó un supuesto entramado de corrupción.
De acuerdo con el ente acusador, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, Zuluaga habría ocultado hallazgos realizados en auditorias de municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habría cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.
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Según las investigaciones, las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. Incluso tienen evidencia de que Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango.
"Lo que además preocupa señoría, que también, en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente también ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación", dijo en las audiencias la fiscal del caso.
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Estos son algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía en audiencia que evidenciarían que estas 10 personas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencia, prevaricato, entre otros.
La Fiscalía solicitó que fueran enviados a la cárcel, argumento que fue respaldado por la Procuraduría al considerarlos un peligro para la sociedad y el proceso.
Este viernes le fue aceptada la renuncia al cargo al contralor Zuluaga en la Asamblea de Antioquia, hecho que para algunos buscaba frenar la medida de aseguramiento intramural.
Entre tanto, la Contraloría General de la Nación se pronunció frente a las solicitudes realizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de realizar un control preferente sobre las actuaciones realizadas por el ente del control fiscal de este departamento.
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El vicecontralor Ricardo Rodríguez dijo que esta medida no es posible.
“No podemos declarar ese procedimiento, no tenemos la competencia para entrar en un ejercicio prevalente”, indicó-
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Y aseguró que es necesario mejorar las prácticas de control realizadas por cada una de las 65 contralorías del país.
Para el vicecontralor, además es fundamental no solo la selección rigurosa de las personas que aspiran a llegar a este cargo sino también la necesidad de que la ciudadanía denuncie con evidencias cualquier acto de corrupción.
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