El alto tribunal le dio la razón al fondo por los perjuicios causados durante la vigencia de la zona de distensión ordenada durante el fallido proceso de paz con las FARC, en el gobierno de Andrés Pastrana. La demanda fue interpuesta por el robo de 6.609 cabezas de ganado vacuno de propiedad del fondo en los municipios de Mesetas, Vistahermosa y Uribe, Meta, entre octubre de 1998 y marzo de 1999.
La sección tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, explicó que se configuró una evidente falla en el servicio por parte del Gobierno Nacional al haber omitido la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las personas que tenían su sitio de residencia y trabajo en los municipios que hacían parte de la zona de distensión, como es el caso del demandante que no pudo continuar con la ejecución de los contratos de ganado.
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