Esto como respuesta a las declaraciones de Kevin Whitaker sobre la decisión que tomó esa jurisdicción en el caso Santrich.
"Confiamos en el respeto que usted y su gobierno deben a la independencia y la autonomía judicial", dice Patricia Linares en una carta de enviada al embajador.
Whitaker había asegurado que "la JEP debe enfocarse en los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo", y cuestionó su labor al considerar que el caso Santrich fue con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz y por tanto debe ser extraditado.
Santrich fue capturado por la Fiscalía de Colombia el pasado 9 de abril con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaran el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.
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"Yo he leído el acuerdo y dice que delitos cometidos con posterioridad del primero de diciembre de 2016 son sujetos a la jurisdicción regular, incluyendo la extradición. Estamos hablando de un delito con posterioridad, punto", dijo Whitaker.
En la misiva, Linares afirma que "los magistrados de esta corporación actúan y actuarán siempre dentro del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República".
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Además, recuerda que Colombia tiene una larga tradición en el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales que reconocen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como que sus autoridades respetan los principios de independencia de la justicia, separación del poder público y soberanía de los Estados.
"El país y la comunidad internacional pueden estar seguros de que la JEP cumple y cumplirá su misión dentro del respeto al marco constitucional y legal", precisa Linares.
Por último, aclaró que "los integrantes de la JEP" son conscientes de su "responsabilidad histórica para la consecución de una paz estable y duradera en Colombia, todo bajo la convicción profunda de la supremacía del derecho y el respeto a las instituciones, eficaces garantías que protegen la democracia".
El pasado 17 de mayo, la JEP, organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de Colombia, tomó la decisión de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos Santrich.
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El tribunal de paz interrumpirá ese trámite durante un máximo de 120 días, durante los cuales determinará si el exguerrillero debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición o debe someterse a la justicia transicional.
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