Procuraduría destituye e inhabilita por 15 años a Gustavo Petro

A esta hora, Petro escribe en su cuenta de Twitter:

 
El alcalde Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter que saldrá a la Plaza de Bolívar y hará su pronunciamiento acerca de la inhabilidad impuesta por la Procuraduría.

 
Según Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, se probó que "el señor alcalde de Bogotá, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación de servicio de aseo a dos empresas sin experiencia".
Además, que asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el ciento por ciento de la ciudad a pesar de que conocía que el Acueducto y Aguas de Bogotá eran incapaces de prestar el servicio de aseo, agregó el jefe del Ministerio Público.
"La realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente", afirmó el procurador.
Ordóñez también dijo que el alcalde de Bogotá implementó un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera de la ley.
Señaló que no era indispensable que, para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, se asignara el servicio de aseo únicamente a empresas del Distrito.
"El señor alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria gravísima cuando autorizó el servicio de aseo con camiones volquetas", con lo que se dejaron de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura en la ciudad.
Petro podrá acudir al recurso de reposición, ante la misma Procuraduría, para intentar echar para atrás esta decisión de primera instancia.
La sanción se da luego de la investigación por el cambio de esquema en la recolección de basuras de la ciudad.
Gustavo Petro asumió la Alcaldía de Bogotá desde el primero de enero de 2012 y en junio de este año, por el cambio de esquema en la recolección de basuras de la ciudad, la Procuraduría le abrió investigación, aduciendo improvisación en la implementación.
El procurador general de la Nación ha sancionado a dos alcaldes de Bogotá: a Samuel Moreno (suspendido) y a Gustavo Petro (destituido).
Investigación
En el pliego de cargos proferido en junio de 2013, el Ministerio Público, cuya seguridad fue reforzada tras dar a conocer el fallo, afirmó que en primer término el alcalde pudo incurrir en falta disciplinaria al escoger, en el segundo semestre de 2012, al director de la UAESP y a los gerentes de la EAAB y Aguas de Bogotá S.A.E.S. para que suscribieran los contratos con el objeto de asumir la prestación del servicio público de aseo, sin tener en cuenta que dichas entidades no contaban con la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin.
Por otra parte, a Petro Urrego se le imputó como segundo cargo el haber expedido el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, mediante el cual se adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, con el que se pudo violar el principio constitucional de libertad de empresa, al impedir que otros operadores, distintos a las entidades del Distrito de Bogotá, prestaran el servicio público de aseo en la ciudad capital.
La decisión disciplinaria también cuestionó al alcalde por haber expedido el Decreto 570 del 14 de diciembre de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas, decisión que pudo violar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, originando un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente de los bogotanos.
Petro se defendió en repetidas ocasiones.
"El pliego de cargos al prejuzgar las conductas del alcalde de Bogotá solo tiene un objetivo que no es investigar sino destituir", publicó en Twitter el 10 de julio de 2013.
En el mes de octubre presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde aseguraba que el Gobierno colombiano no le ha otorgado garantías ya que "el procurador es una autoridad administrativa con funciones disciplinarias que no puede suspender o destituir alcaldes elegidos popularmente, pues iría en contra del artículo 23 de la Convención de la Comisión".
Iniciando noviembre, con un escrito de 215 páginas, Petro presentó su defensa ante la Procuraduría. Su abogado Julio César Ortiz dijo que "no se generó ningún daño del medio ambiente durante el tiempo en que hubo problemas en la recolección de las basuras a finales del 2012".