¿Qué pasará con la atención a usuarios de EPS Sanitas luego de decisión de la Corte Constitucional?

Cerca de 5,7 millones de colombianos y colombianas afiliados a la EPS Sanitas quedaron bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud hace 15 meses, luego de la intervención ordenada por el Gobierno nacional. La Supersalud había prorrogado en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados. La pregunta que se hacen muchos ahora es si cambia algo luego de la decisión de la Corte Constitucional que se conoció este jueves.

Puntualmente, el alto tribunal dejó sin efecto la intervención hecha por el Gobierno, que tiene bajo su control la compañía desde abril de 2024. La intervención se justificó por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país. Así las cosas, y en términos prácticos, con esta decisión la Corte le devuelve a al grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, la administración y responsabilidad sobre los afiliados.

"La decisión de la Corte Constitucional lo que hace es ratificar que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. La estrategia del gobierno fue dirigida a debilitar el sistema de salud y a generar un caos que termino afectando a millones de pacientes y de usuarios", afirmó Juan David Rivero, abogado de Keralty, en una rueda de prensa adelantada este viernes.

Ahora bien, ¿qué pasará con la atención? Pues bien, los servicios médicos deberán continuar operando en EPS Sanitas, aunque hoy esa EPS muestra signos de deterioro. Al menos así lo señalan pacientes con los que habló Noticias Caracol. "Las citas las dan muy espaciadas, y para pedir los medicamentos se demoran demasiado en aprobarlos. Por ejemplo, vengo por un medicamento del 18 de junio y todavía no lo han aprobado. Lo tomo hace 20 años, no puedo dejar de tomarlo, y no dicen nada", afirmó Jorge Salazar, afiliado de EPS Sanitas, quien aseguró que antes de la intervención del Gobierno la atención era mejor.

Rivero, abogado de Keralty, explicó en la rueda de prensa que esperan recibir en un plazo de entre 10 y 15 días la sentencia de la Corte Constitucional para ejecutarla y restablecer la dirección y la operabilidad de la EPS. Y que, en ese sentido, tendrán que tomar decisiones para recomponer la atención de los pacientes y de los usuarios afectados, sumado al incremento en las tutelas y los PQR que se dieron durante la intervención hecha por el Gobierno.

Aunque el grupo Keralty aún no tiene claridad sobre el estado interno financiero y administrativo de la EPS, un estudio del observatorio "Así vamos en salud" muestra que desde la intervención hasta hoy las reclamaciones en salud pasaron de 185.634 en 2023 a 221.565 en 2024, lo que representa un incremento del 19% en peticiones, quejas y reclamos. Además, en el plano financiero, Sanitas reporta una deuda que asciende a 827 mil millones de pesos con 1.741 clínicas y hospitales.

Desde el grupo Keralty piden entonces paciencia a los usuarios: "Para ellos, un mensaje de tranquilidad, pero también de paciencia y resiliencia, porque de la noche a la mañana no vamos a reconstruir lo que durante 14 o 15 meses de intervención han destruido. Nuestro compromiso institucional es implementar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para recuperar el servicio de calidad y oportunidad", afirmó Rivero.

En todo caso, es importante aclarar que la EPS continuará operando dentro del sistema de salud y prestando servicios a todos sus afiliados, mientras el grupo Keralty retoma el control total de la entidad de salud.

Actualmente, el Gobierno nacional tiene a su cargo la atención de la mitad de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Se estima que alrededor de 27 millones de afiliados pertenecen a las EPS que han sido intervenidas por la Superintendencia de Salud. Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL