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A más de un mes del gigantesco deslizamiento que bloqueó la crucial vía que comunica a Bogotá con Villavicencio en el Kilómetro 18, la fecha de apertura de la carretera sigue siendo incierta. Un equipo de Noticias Caracol viajó a la zona con expertos para buscar las posibles causas del suceso ocurrido el pasado 5 de septiembre.
El tramo afectado vio deslizarse una parte gigantesca de la montaña con su capa vegetal hasta la curva del kilómetro 18. La geografía del sector es particularmente compleja, según explicó el profesor Modesto Portilla, geólogo del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional. En el área no existe roca firme, sino lo que se conoce como coluvión, una mezcla de tierra y roca que se desliza con gran facilidad, haciendo que el manejo correcto del agua sea fundamental para prevenir un derrumbe. Días después de la emergencia, el presidente de PROINDESA, holding de Coviandina (la concesionaria de la vía), Alberto Mariño, lanzó las primeras hipótesis, señalando la existencia de aguas que no se controlan y la presencia de captaciones de agua rotas que producen infiltraciones desde la parte alta del deslizamiento. Mariño afirmó que los agricultores rompen los canales que fueron construidos.
Para contrarrestar la inestabilidad geográfica, se construyeron robustas estructuras de concreto de 18 metros de profundidad conocidas como Caissons o pozos de abatimiento. Estas estructuras están enterradas en el borde de la ladera con la función de drenar la montaña, recogiendo el agua a través de drenajes radiales y llevándola hasta una quebrada o un río. Sin embargo, el geólogo Modesto Portilla señaló que estas obras técnicas han perdido su funcionalidad. Si bien fueron bien diseñadas y puestas en su sitio, el agua está saliendo nuevamente al terreno.
El problema se agrava porque cuando los aproximadamente 10 pozos en la zona dejan de funcionar, se llenan de agua, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Un caisson, que por sí solo es una estructura gigantesca de concreto que pesa alrededor de siete toneladas, al estar lleno de agua puede acumular 75 toneladas encima de ese punto, lo cual no debería ocurrir.
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Según el experto, este peso adicional provoca que el terreno se deforme, se "plastifique" abajo y comience a bascularse, lo que indica que el terreno se ha estado movilizando con el tiempo y no es resultado exclusivo de unas lluvias recientes. Entre más agua se acumule, mayor es la sobrecarga, facilitando el deslizamiento. Además, si el agua sale a la superficie, genera un doble problema: añade peso y se infiltra en las grietas que se han formado desde hace mucho tiempo. Un pozo que colapsó y cuyas pruebas de inoperancia se ven en el pasto que nace en su base dejó de drenar el líquido hacia la quebrada Los Cenizos, lo que se presume resultó en el vertimiento del líquido por la ladera hasta formar lagunas o charcas durante meses.
La falla de los sistemas de drenaje se sitúa en medio de un conflicto de responsabilidades entre la concesionaria y la comunidad. Campesinos como Helbert Mora Vanegas aseguran que los colectores cumplieron su tarea inicialmente, pero dejaron de funcionar, y el agua comenzó a aparecer desde 2016 o 2017. Los residentes afirman que no se les hizo mantenimiento, el colector se tapó y el agua comenzó a rebosarse.
Helman García, propietario de un hotel en la zona, denunció que las cunetas que traen el agua de la vía están fracturadas en un 80 o 90%. Aseguró que la concesionaria no ha ayudado a reparar los canales rotos a pesar de haberlo solicitado "mil veces", y que solo cinco días antes de la emergencia se puso plástico sobre la zona afectada. Johana Barbosa, otra campesina, sostuvo que el deslizamiento era una "tragedia anunciada" porque el terreno siempre se estuvo moviendo, pero nunca se hicieron las obras de estabilización que Coviandina se comprometió a realizar en un documento de socialización firmado en 2017.
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Por su parte, Alberto Mariño, presidente de PROINDESA, reconoció que no se hicieron los mantenimientos, pero señaló a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a los campesinos. Mariño indicó que la concesionaria alertó a la ANI en septiembre de 2022 sobre la insinuación del deslizamiento, advirtiendo que no se les permitía el ingreso a los predios para realizar el mantenimiento.
Además, Mariño lanzó serios cuestionamientos contra los habitantes de la zona, señalando que las obras fueron modificadas. Y afirmó que mangueras muy largas (de 60 y 80 metros) que servían como descoles de los pozos fueron robadas. También alegó que los tubos de desagüe fueron rotos para sacar el agua captada, que los canales han sido afectados para derivar aguas hacia canales de agricultores, y que los tubos de los pozos fueron tapados para usarlos como aljibes de almacenamiento, posiblemente por necesidad de los campesinos.
María, otra habitante, rechazó las acusaciones, instando a Coviandina a asumir su responsabilidad y no culpar a los campesinos de robar mangueras o dañar canales, y preguntó cómo se mantendrán si no se les permite cultivar.
En este momento, la tarea más urgente es drenar la montaña y sacar el agua para evitar que el terreno continúe moviéndose, aunque el deslizamiento está "relativamente quieto", Mariño confirmó que todavía hay movimientos registrados. Sin embargo, no habrá una solución duradera si no existe un control estricto sobre el manejo del agua en la zona. Mariño advierte que cualquier solución pasa por tener en cuenta la situación de los agricultores y que, si la solución inicial es secar el terreno, la ANI y el Estado deben ser conscientes de que no se podrán volver a permitir riegos para evitar un nuevo deslizamiento.
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Esto plantea un conflicto social, ya que la esencia del campesino es cultivar el campo. El sector es considerado zona de alto riesgo, afectando a campesinos, usuarios de la vía, y negocios como un hotel que quedó inservible. Expertos han sugerido que el Estado debe ordenar el territorio, controlar las captaciones de agua, revisar los Planes de Ordenamiento Territorial, comprar predios y velar por el futuro de los campesinos. Por ahora, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) guarda silencio.
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