A la polémica por la derogación del decreto del Código de Policía sobre tenencia y distribución de drogas, también se suman las limitaciones que tendría la Policía en este tipo de casos.
Para algunos exintegrantes de la Policía, el enfoque de este tipo de normas debe ir encaminado en la prevención del consumo de drogas y en las labores de inteligencia que se emprendan para perseguir a los grandes consumidores.
“Me parece que el gran reto está en las actividades de inteligencia de la Policía para atacar a los grandes productores y a los grandes traficantes”, señaló el general retirado Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula.
El expresidente Iván Duque encabezó las críticas al decreto del presidente Gustavo Petro. “Hoy con la decisión que ha tomado el Gobierno, ya la Policía prácticamente no va a poder requisar para hacer esas confiscaciones en la calle. Y, por otro lado, esto va a conducir a que los jíbaros hagan su agosto y salgan a vender tranquilos, poniendo en riesgo los espacios seguros de muchas familias colombianas”, aseveró.
Sin embargo, para los penalistas, las normas que persiguen al narcotráfico y delitos relacionados no sufrirían ningún tipo de modificación, por lo que se puede decir que la persecución penal contra estos delitos continúa.
“Las normas de carácter penal orientadas a la persecución tanto del microtráfico como del narcotráfico a gran escala no sufren ninguna alteración. Lo que se han derogado son las medidas de carácter administrativo que permiten la incautación de lo que se ha denominado dosis de carácter personal”, explicó Francisco José Sintura, abogado penalista.
Lo único que se hace con la derogación de este decreto, según expertos, es no imponer sanciones mediante medidas correctivas, como lo establecía el Código de Policía.
“Este decreto no tiene la capacidad jurídica de revocar las sanciones del Código Penal que existen y que se encuentran vigentes para quienes distribuyan, comercialicen y trafiquen con drogas. Es decir, los jíbaros hoy más que nunca se encuentran bajo la tutela del Código Penal”, agregó Jorge Armando Otálora, abogado penalista.
Según el Código Penal, si la cantidad de drogas excede los límites máximos previstos en la ley, se podrían enfrentar penas de entre los 96 a los 144 meses de cárcel.
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