El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto por el cual le ordena a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior que diseñen e implementen un plan urgente para proteger a la población de Briceño, Antioquia; un municipio que ha estado expuesto a enfrentamientos entre grupos ilegales y hechos de violencia, como el asesinato del periodista Mateo Pérez. El plazo otorgado por el alto tribunal al Gobierno nacional es de 30 días.
Esta decisión surgió a partir de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual sigue pendiente de una decisión de fondo. El departamento de Antioquia entró al proceso para respaldar esta causa con el propósito de solicitar las medidas cautelares urgentes que están destinadas a proteger a la población de Briceño ante lo que ha sido identificado como una grave crisis humanitaria y de orden público. Y es que el contexto que enfrenta el municipio fue evidenciado por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana de 019 de 2025, en la que advierte sobre los riesgos inminentes que pesan sobre este territorio.
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La violencia que vive la gente en Briceño, Antioquia: “Presiones directas sobre los civiles”
En el documento de la Defensoría queda consignado que el mismo fue emitido por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), grupo disidente de las extintas FARC-EP, y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y es que los enfrentamientos entre estos grupos, que toman lugar en zona rural y urbana, están implicando “presiones directas sobre los civiles”.
Desde el Gobierno de Antioquia acudimos a la justicia para acompañar a nuestros paisanos de Briceño.
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 3, 2026
A instancia del Gobierno Departamental, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa y del Interior diseñar e… pic.twitter.com/wn6QsN7iVb
La problemática a raíz de este contexto violento ha sido tal, que en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas que fue emitido en mayo de 2026 hay referencia directa sobre las consecuencias del conflicto en Briceño, que desembocan en desplazamientos forzados masivos recurrentes, confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presencia de artefactos explosivos y ataques a bienes civiles. El Tribunal en su decisión señala que los argumentos que originaron la alerta no han sido superados, sino que las condiciones de riesgo persisten.
Lo que debe hacer el Gobierno nacional en un plazo de 30 días
Con el auto del Tribunal Administrativo, Presidencia y los ministerios de Defensa e Interior contarán con un plazo máximo de 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, teniendo en cuenta la alerta emitida por la Defensoría. Además, cuentan con 10 días hábiles para remitir al municipio “el número de activos necesarios” del Ejército y Policía Nacional para contener “la peligrosidad de la región”. Otra medida ordenada es que se conforme un Consejo de Seguridad extraordinario, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, que tendrá la misión de hacer un plan de protección.
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Dentro de 15 días hábiles, el despacho del tribunal deberá ser informado por diferentes entidades si cumplieron con las recomendaciones hechas en la alerta de la Defensoría y deberán decir todo lo que se haya hecho hasta entonces.
María Paula Rodríguez Rozo
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