Víctimas de secuestros de las FARC expresaron este martes su disconformidad y decepción con las primeras penas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete integrantes del último mando de esa guerrilla al considerar que las condenas fueron blandas y que todos los beneficios fueron para los victimarios. Para los civiles y exmilitares que permanecieron años encadenados por esa guerrilla, el fallo de la JEP es una burla que no repara a las víctimas del secuestro y aseguran que la sentencia es indignante y decepcionante.
El general en retiro Luis Mendieta, quien fue secuestrado el 1º. de noviembre de 1998 por las FARC durante la toma de Mitú y estuvo casi 12años en cautiverio, manifiesta que la primera decisión de la JEP contra el exsecretariado está completamente apartada de las solicitudes que presentaron las víctimas durante las audiencias ante esa jurisdicción.
"Se solicitaba la exclusión de los del secretariado porque no contribuyeron a la verdad, y aparte de eso no habían entregado bienes para esa reparación a ese gran universo de víctimas, y en mi opinión muchas de las víctimas que solicitaban que se les devolvieran sus seres queridos que todavía no se ubican, desaparecidos, que pudiesen volver a sus tierras porque no han podido quedaron las disidencias y esas víctimas no pueden ir a sus territorios", afirmó Mendieta este martes tras el fallo.
Para quienes permanecieron por años sometidos a abusos, tortura y cautiverio no son suficientes las labores restaurativas y dicen que nada está relacionado con la reparación de las familias y sus proyectos de vida.
Para Clara Rojas, quien ejercía como jefe de debate de la entonces precandidata presidencial Ingrid Betancourt cuando ambas fueron secuestradas, la verdad y reparación nunca llegaron por parte de quienes firmaron el acuerdo.
"Me parece que ahí los magistrados, con todo el respeto que les tengo, fallaron porque la pena tiene que resarcir a la víctima. Yo ni siquiera sé por qué me secuestraron. Debe haber una sanción si estamos de acuerdo con que no hay pena restrictiva de la libertad, por lo menos esta restricción de libertades sí les daba margen para que la sanción fuera superior. Pensemos entre 15 y 18 años porque la magnitud de los hechos son muy graves. Entonces sí, una decepción", dijo Rojas.
El conflicto arrasó con miles de familias que, lejos del ojo mediático o político, tuvieron que que vivir el horror de una guerra que no les dejó opción. El caso de los esposos Angulo, secuestrados en el año 2000, es muestra de que las pistas aún son buscadas por sus familiares. Para entonces, los secuestros extorsivos por parte de la extinta guerrilla también eran pan de cada día.
"A veces nos sentimos tan humillados con el tema porque no debería ser, el secuestro de un par de ancianos, no solo secuestro sino tortura, debería ser algo que sea prioridad de la justicia colombiana, y a veces sentimos que les estamos rogando para que por favor nos entreguen información", señaló Helmuth Angulo, hijo de Carmenza y Gerardo Angulo, quien dijo también que "no hubo ninguna reparación, no hubo verdad".
Y ese quizá es el clamor que más reiteran las víctimas: la verdad incompleta, y pocas posibilidades de sanar por completo las heridas. "Con un ejército de investigadores, nunca se preguntó nada a los comparecientes. Nunca se investigó nada. La investigación mediocre produce sentencias que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y dolor de las victimas", consideró Sigifredo López.
"No hay cómo restituirlo, ni con cadena perpetua, ni con un fallo restaurativo, realmente lo que entiende uno es que no es un tema que pueda repararse el daño causado es para toda la vida", dijo, por su parte, Alan Jara.
Las víctimas no ven mucha esperanza en que el acuerdo pactado en La Habana algún día se cumpla y aseguran que el secuestro sigue generando heridas y acabando con la paz de miles de familias que hoy son víctimas de las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz.
La decisión de la JEP, ¿a quiénes condenó?
La JEP condenó este martes a penas alternativas de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos" —es decir, que no pagarán cárcel— a los integrantes del último secretariado de las FARC como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" de esa guerrilla durante el conflicto armado. Los condenados son Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko y quien fue el último jefe de las FARC; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
Todos ellos fueron "declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas", señala la sentencia. Ninguno de los condenados asistió presencialmente a la lectura de la condena, que se realizó en las instalaciones de la JEP en Bogotá.
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