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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este martes a siete exjefes de las FARC a sanciones restaurativas de ocho años como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" con la que esa guerrilla aterrorizó al país durante décadas. Los sancionados, que no irán a la cárcel, son los integrantes del último secretariado de las FARC, que fueron "declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas".
Los siguientes son los antiguos miembros de la última cúpula de las FARC, que pagarán sus penas con trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas antipersona, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó la JEP.
Rodrigo Londoño, de 66 años, fue el rostro político de las FARC en 2016 al ser el último comandante jefe de las FARC y quien firmó la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Londoño ingresó a la guerrilla en 1976 y asumió la jefatura en 2011 tras la muerte de su antecesor, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en una operación militar.
La justicia ordinaria acumuló más de cien órdenes de captura en su contra, anuladas tras el acuerdo, y la JEP lo responsabilizó de ordenar y justificar los secuestros como mecanismo de financiación y presión política. Hoy es el presidente de Comunes, partido político fundado por excombatientes de las FARC tras la firma del acuerdo de paz.
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Nacido en 1953, militó desde joven en la Juventud Comunista y se vinculó a las FARC a los 19 años. Fue comandante del Bloque Occidental y miembro pleno del secretariado. Tras participar en las negociaciones en La Habana, fue designado para ocupar uno de los escaños en el Senado que el acuerdo de paz adjudicó al partido Comunes por dos periodos legislativos que terminarán en julio de 2026.
La JEP lo señala de avalar secuestros de militares y civiles como el de los diputados del Valle del Cauca en 2002 en el que once de ellos fueron asesinados, y lo responsabilizó de homicidios, desapariciones y tratos crueles contra prisioneros.
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De 66 años, ingresó a la guerrilla en 1979 y fue comandante de los Bloques Magdalena Medio y Noroccidental de las FARC. En 2023 fue candidato a la alcaldía de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia (noroeste) por el Partido Comunes, pero obtuvo una pobre votación. La JEP le atribuye haber impulsado la política financiera basada en secuestros extorsivos y permitir retenciones de civiles para control social y territorial en varios departamentos del país.
Era profesor universitario en el sureño departamento de Caquetá antes de entrar en 1984 a las FARC, donde llegó a ser jefe del Bloque Sur y miembro del secretariado. Reconoció ante la JEP su papel en el cautiverio de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y de su compañera de fórmula Clara Rojas, y fue acusado de ordenar secuestros con fines extorsivos, así como ejecuciones de rehenes.
Se unió a las FARC en 1978 mientras estudiaba medicina. Fue comandante del Bloque Oriental, el más fuerte militarmente, y miembro del Secretariado desde 2008. La JEP lo responsabilizó de avalar y ejecutar secuestros de civiles y militares, así como de las condiciones inhumanas de cautiverio que sufrieron miles de personas. Víctimas como Ingrid Betancourt le han exigido explicaciones sobre la falta de atención médica durante su cautiverio.
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Fue responsable de las redes urbanas de las FARC y del Frente Antonio Nariño en Bogotá. Ingresó al secretariado en 2011 y, tras la firma de la paz, se convirtió en uno de los senadores por el partido Comunes. La JEP lo responsabilizó de consolidar la política de secuestros extorsivos desde los años 90 y de haber participado en decisiones sobre el canje de militares y policías retenidos.
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Conocido como el canciller de las FARC por su papel en la Comisión Internacional de esa guerrilla que brindaba asistencia a guerrilleros exiliados o que viajaban al exterior. Detenido en Caracas en 2004, recuperó la libertad en 2007 y regresó al secretariado. La JEP lo declaró coautor mediato de la política de secuestros, en particular los de carácter económico, pese a que alegó no tener mando de tropa directo.
Además de la condena de hoy, la JEP lo investigará por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinsky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, crimen perpetrado en 2004 en ese país. Según la JEP, hay pruebas de vínculos de las FARC, por medio de Granda, con el brazo armado del partido Patria Libre, considerado el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
EFE