
Luego de que se conociera la condena a Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, este viernes 1 de agosto la jueza Sandra Heredia leyó la sentencia del expresidente, que fue de 12 años de prisión domiciliaria, además de añadir una multa de 2.420 salarios mínimos y la inhabilidad por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La sentencia fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir, por la participación de varias personas, lo cual equivale a un total de 120 meses o 10 años. "Se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal que adoptaremos como delito base, y sobre la misma le aumentamos en dos años, en virtud del delito de fraude procesal, por ello, la pena en definitiva le queda tasada en 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión", precisó la jueza.
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Heredia explicó manifestó que la conducta “reviste de una gravedad colosal, pues tiene la potencialidad de distorsionar la verdad, hacer incurrir en error a funcionarios judiciales del más alto nivel jerárquico, impidiéndose que las decisiones tomadas estén revestidas de realidad, llevando a impunidad los delitos o la sanción de inocentes, y entregar beneficios a personas que generan daño con su comportamiento”.
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Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, insiste en que es inocente y su defensa ya ha anunciado que apelará el fallo, por lo que el proceso pasaría a manos del Tribunal Superior de Bogotá, la cual debe emitir un fallo en segunda instancia antes del 18 de octubre de 2025, pues de lo contrario el caso prescribirá. Si la decisión de este alto tribunal no es favorable para el expresidente de 73 años, su defensa llevará el caso a una casación en la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia se conoce luego de un proceso de más de una década en la que analizaron interceptaciones, videos, documentos y testimonios. De hecho, en la última etapa de juicio, iniciada en febrero de este año, hubo 67 audiencias por las que pasaron más de 90 testigos. El caso de Uribe Vélez se remonta al 2012, cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda, a quien señaló de recorrer cárceles en el país ofreciendo beneficios a reclusos para que testificarán en su contra y lo vincularan con paramilitarismo. Sin embargo, en 2018 se determinó que Cepeda no manipuló testigos y, en cambio, se denunció al expresidente por incurrir en prácticas de soborno para enlodar a su contradictor político, por lo que se abrió un proceso en su contra.
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