Es crítica la situación que se vive en Nariño tras hostigamientos a por lo menos tres poblaciones, los secuestros del hermano del alcalde de Leiva, Hermes Sánchez, y de un líder indígena, y la desaparición de dos policías que estaban de descanso y que al parecer fueron retenidos.
- Desde el Cauca, Petro advierte a ilegales que debe haber “cese de hostilidades a la población civil”
En la noche del lunes 14 de agosto, hombres en moto lanzaron explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Remolino, en el municipio de Taminango. Un vehículo resultó afectado por la detonación, pero no se reportaron heridos.
Darío Alexánder Chávez, gobernador (e) de Nariño, informó sobre otros ataques en los municipios de La Llanada y de Leiva.
“En La Llanada tuvimos una moto cargada con explosivos, en el corregimiento de Remolino del municipio de Taminango también, un artefacto explosivo cercano a la estación de Policía, y un hostigamiento en el municipio de Leiva”, detalló.
En este último municipio se confirmó que el hermano del alcalde fue secuestrado, aunque se desconoce quiénes lo tienen bajo su poder. Además de este plagio, también se denunció el de un líder indígena en el municipio de Ricaurte.
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Por otro lado, es incierto el paradero de dos policías que se movilizaban en la vía entre Pasto y Tumaco, que estaban de descanso en Junín, zona rural de Barbacoas. Los patrulleros fueron identificados como Jefferson Valencia y Neider Pérez.
Mientras tanto, los familiares del soldado Juan David Estrada, oriundo de Nariño y secuestrado en el Cauca, clamaron por su liberación.
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“Somos personas campesinas y humildes, pedimos al señor presidente Gustavo Petro, a la Cruz Roja, a la ONU y al Ejército Nacional que intervengan, nos ayuden y hagan llegar este mensaje a las personas” que lo tienen secuestrado, expresaron entre lágrimas los allegados del militar, que está en manos del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
El uniformado fue retenido el sábado 12 de agosto cuando se desplazaba entre los municipios de Caloto y Santander de Quilichao.
Se trata “de un caso que rompe las normas del derecho internacional humanitario, por ser un militar que no se encontraba de servicio cuando fue secuestrado por este grupo, el caso es un desafío frontal no solo a la disposición del Gobierno a negociar, sino también a la fuerza pública que está llamada a garantizar las condiciones de negociación”, aseguró Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa.
Para el próximo sábado 19 de agosto se anunció la visita del ministro de Defensa a Nariño para analizar la situación de orden público en el departamento.
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