Fiscalía investiga compra de predios rurales para convertirlos en urbanos y triplicar su precio, así como varias licencias de construcción con el mismo número.
El caso de Mosquera, en Cundinamarca, apenas es el primero de muchos de este departamento.
Según la investigación, el exalcalde Luis Álvaro Rincón compró un predio rural en 2009, pidió al Concejo municipal que se modificara el Plan de Ordenamiento Territorial para que su propiedad estuviera incluida en las zonas de expansión urbana, de esa manera, beneficiarse con una valorización que pasó de 1.200 a 3.800 millones de pesos, en una modalidad conocida como el 'volteo de tierras'.
“Lamentablemente estos instrumentos de planeación, en algunos casos, han servido como mecanismo de corrupción y de exigencias a ciudadanos, a constructores o en beneficio en muchas ocasiones de servidores públicos", señaló Néstor Humberto Martínez, fiscal general.
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En Funza se expidieron tres licencias de urbanismo, con el mismo número y la misma fecha para el proyecto Parque Industrial San Pedro. El alcalde entonces era Jorge Machuca y su jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Adriana Milena Orozco, quienes están siendo investigados.
Junto a estos dos municipios se suman, entre otros, Facatativá, Chía, Tocancipá, La Calera y Soacha en Cundinamarca; Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en Santander; y Villavicencio, Acacías y Restrepo, en el Meta, por disposiciones que se tomaron el 2008 y el 2015.
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El próximo 25 de julio se les imputarán cargos al exalcalde de Mosquera, a su esposa y otros funcionarios de su administración.
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