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A la cárcel, hombre que engañaba a niños por redes sociales para obtener videos íntimos de ellos

Según la Fiscalía, las víctimas del agresor, Jorge Luis Medina Palacio, de 38 años, fueron cuatro niños de nacionalidad española con edades entre los 9 y los 11 años.

A la cárcel hombre que engañaba a niños por redes para obtener videos íntimos
A la cárcel hombre que engañaba a niños por redes para obtener videos íntimos -
Getty Images

Entre 2022 y 2024, un hombre residente en Acacías, Meta, desarrolló una actividad criminal que terminó afectando a varios menores de edad en España y que ahora le costó una condena superior a los 15 años de prisión. Se trata de Jorge Luis Medina Palacio, de 38 años, quien fue hallado responsable de obtener y difundir material de explotación sexual infantil mediante el uso de redes sociales, correos electrónicos y plataformas de mensajería.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento lo sentenció a 15 años y seis meses de cárcel tras comprobarse que contactó a menores de edad a través de perfiles falsos creados en internet. La investigación estableció que el condenado utilizó distintas identidades digitales para acercarse a sus víctimas y ganarse su confianza antes de persuadirlas para producir contenido de carácter sexual.

Pornografía infantil en Meta: así contactaba a menores a través de redes sociales

Según el expediente, las víctimas fueron cuatro niños de nacionalidad española con edades entre los 9 y los 11 años. Las autoridades determinaron que Medina Palacio los engañó mediante conversaciones sostenidas por redes sociales y otras plataformas digitales, obteniendo imágenes y videos que posteriormente fueron compartidos en espacios virtuales utilizados para el intercambio de este tipo de material ilícito.

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La investigación permitió establecer que el material obtenido no solo era distribuido entre usuarios de salas de chat grupales, sino que además era manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial. De acuerdo con la información conocida en el proceso judicial, las imágenes eran alteradas para incorporar los rostros de los menores afectados, una práctica que incrementó la gravedad de los hechos analizados por las autoridades.

El caso puso en evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para cometer delitos que trascienden fronteras. Aunque los hechos fueron ejecutados desde Colombia, las víctimas se encontraban en España, lo que obligó a una coordinación internacional entre organismos de distintos países. La investigación fue liderada por un fiscal de la Seccional Meta y contó con el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y de autoridades españolas. Gracias a ese trabajo conjunto fue posible ubicar al responsable y capturarlo en marzo de este año.

La condena y las sanciones impuestas a Medina

Durante el proceso judicial, Medina Palacio aceptó su responsabilidad por el delito de pornografía con menor de 18 años. Esa admisión permitió avanzar hacia la sentencia condenatoria emitida por el juzgado encargado del caso. La Fiscalía General de la Nación destacó que la investigación permitió demostrar una actividad sistemática y reiterada de distribución e intercambio de material de abuso sexual infantil mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Para las autoridades, este expediente refleja la manera en que organizaciones o individuos pueden aprovechar entornos digitales para contactar víctimas en otros países y difundir contenidos ilegales con alcance transnacional.

Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa equivalente a 731,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, negó cualquier beneficio relacionado con la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que el condenado deberá cumplir la sanción en un centro carcelario. El fallo se convierte en una de las decisiones más recientes contra delitos de explotación sexual infantil cometidos a través de internet y reafirma la creciente cooperación entre autoridades de distintos países para identificar, rastrear y judicializar a quienes utilizan plataformas digitales para vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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