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Se acerca el fin de 2025 y, con él, millones de colombianos que viven en arriendo deben estar atentos al reajuste anual de su canon mensual, un movimiento económico que impacta directamente el presupuesto de los hogares. Aunque para el año 2026 la cifra que servirá de tope máximo para el incremento de los arriendos no ha sido establecida, algunos cálculos aproximados del Banco de la República podrían dar luces sobre los eventuales aumentos que llegarían el año entrante en esta materia. Es crucial, entonces, que arrendatarios y propietarios tengan claridad para evitar incurrir en abusos o incumplimientos contractuales.
El cálculo para el aumento del canon de arrendamiento en Colombia no es arbitrario. Se encuentra estrictamente regulado por la Ley 820 de 2003. Esta normativa establece que el incremento anual no puede superar el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. Ahora bien, este IPC depende del cierre inflacionario anual, que, de cumplirse lo que estimó el Banco de la República en su más reciente informe de Política Monetaria actualizado, quedaría en 5,1 por ciento.
Así las cosas, si el IPC de 2025 queda fijado en el 5,1 por ciento,este se convertiría en la base legal para calcular el aumento de los arriendos de vivienda en todo el país. Ningún incremento podrá exceder este porcentaje, siempre que el contrato cumpla su año de ejecución.
Para dar un ejemplo, si usted pagó un canon de arriendo de $1.500.000 este año por su vivienda, el máximo aumento que los propietarios del inmueble podrían aplicar para el año 2026 será del 5,1% (en caso de que el IPC de 2025 cierre en esa cifra, según lo certifique el DANE).Esto se traduce en un incremento de $76.500 ($1.500.000 x 0,051). Por lo tanto, el nuevo canon de arrendamiento para el año entrante sería de $1.576.500.
Si bien el IPC establece el máximo legal, los inquilinos deben estar vigilantes. Si el propietario o la inmobiliaria deciden aplicar un aumento al canon de arriendo que supere el 5,1% (en caso de que este sea el valor del IPC para 2025), el arrendatario tiene mecanismos legales para defender sus derechos.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
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