El Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste al Presupuesto General de la Nación para 2027 con la expedición del Decreto No. 1585 del 22 de octubre de 2026, firmado por el gobierno De la Espriella y el Ministerio de Hacienda. La norma ordena una reducción de gastos y rentas por más de 13,8 billones de pesos, una decisión que el Ejecutivo justificó por un menor recaudo frente a las obligaciones previstas para la vigencia fiscal.
Según el decreto, el Ministerio de Hacienda concluyó que los ingresos disponibles durante el año resultaron insuficientes para cubrir el nivel de gasto aprobado, situación que llevó al Gobierno a aplicar los mecanismos contemplados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para reducir apropiaciones y ajustar las cuentas públicas.
Así quedó el Presupuesto General de la Nación tras expedición del nuevo decreto
El documento señala que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) había ordenado desde agosto adelantar los trámites necesarios para disminuir partidas presupuestales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Estado. Posteriormente, el Consejo de Ministros autorizó la expedición de la medida.
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El decreto establece una reducción total de 13,8 billones de pesos tanto en ingresos como en gastos del Presupuesto General de la Nación de 2026. La mayor parte del ajuste corresponde a recursos del presupuesto nacional, aunque también incluye modificaciones en establecimientos públicos y fondos especiales.
Entre las entidades que registran reducciones aparecen ministerios, departamentos administrativos, agencias nacionales, superintendencias, instituciones de educación pública y organismos del orden nacional. El ajuste también toca partidas relacionadas con infraestructura, agricultura, vivienda, programas sociales, transporte, ambiente, cultura, tecnologías de la información y varios fondos de inversión pública.
Infraestructura y transporte concentran buena parte de los ajustes
Uno de los sectores con mayores modificaciones es el de transporte. El decreto contempla reducciones en partidas del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil y otras entidades adscritas al sector.
Dentro de las partidas ajustadas aparecen recursos destinados a carreteras nacionales, vías secundarias y terciarias, infraestructura aeroportuaria, corredores férreos y proyectos de transporte regional. También se incluyen programas relacionados con sistemas de transporte público, movilidad sostenible y logística. En el caso del Invías, las reducciones superan el billón de pesos al sumar diferentes fuentes de financiación y proyectos distribuidos en varias regiones del país.
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El decreto incorpora reducciones en programas administrados por entidades del sector social. Entre ellos figuran partidas asociadas a transferencias monetarias, atención a víctimas, programas de empleo, iniciativas territoriales y proyectos de inclusión social. Asimismo, se registran modificaciones presupuestales en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas, entre otras instituciones que ejecutan recursos para programas sociales.
El Gobierno precisó que la medida no afecta compromisos ya adquiridos y legalmente perfeccionados con cargo al presupuesto vigente. El decreto establece expresamente que las reducciones no tendrán efectos sobre apropiaciones que respalden obligaciones previamente contraídas.
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La decisión igualmente alcanza a entidades vinculadas con el desarrollo rural, la reforma agraria, el ordenamiento territorial, la protección ambiental y el acceso a servicios básicos. Entre las entidades con reducciones se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Fondo Nacional Ambiental y varias corporaciones autónomas regionales.
En vivienda y agua potable también aparecen ajustes sobre proyectos de política pública, ordenamiento territorial e infraestructura para acueducto y saneamiento básico. El decreto ordena que cada una de las secciones afectadas determine las partidas específicas que asumirán los recortes autorizados. Para ello tendrán tres días después de la publicación de la norma para informar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional cuáles serán los rubros impactados.
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