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Saque lápiz y calculadora, pues en las próximas semanas se iniciará una de las conversaciones más esperadas por los trabajadores colombianos. Se trata de los encuentros a través de los cuales se pretende fijar el aumento del salario mínimo para el año 2026. El proceso, que comenzaría el próximo 1 de diciembre, busca crear acuerdos y lograr concertaciones entre lo que propone el Gobierno Nacional, lo que respaldan los trabajadores y la postura de los empresarios del país. Esto se debatirá en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL).
La discusión parece compleja: mientras que los trabajadores y el Gobierno Nacional han sido enfáticos en afirmar que buscan un aumento considerable de este pago para el año entrante, los empresarios se mantienen al margen y supeditan su postura a los indicadores económicos y a los resultados de la inflación que se presenten en el país para 2025. Este contraste entre ambas posturas arroja cierto pesimismo alrededor de un eventual acuerdo entre las partes.
Hay que tener en cuenta que, ante la falta de acuerdos, el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá la última palabra. Y es que si persisten las diferencias hasta pasada la mitad de diciembre, el mandatario cuenta con la facultad de fijar por decreto este aumento salarial. Partiendo de lo anterior, y dado que mediar los intereses de cada parte en esta conversación podría ser un tema complejo, se podría afirmar que uno de los aumentos del mínimo que más suena para el año entrante es aquel que ya ha sido mencionado por el presidente en reiteradas ocasiones.
Tanto Petro como algunos de sus ministros han intentado aportar al debate de la fijación de este aumento salarial durante las últimas semanas. La postura de esta parte es muy marcada y plantea que el mínimo para el año entrante pueda incrementarse en un porcentaje cercano al 11%. En otras palabras, si el incremento salarial se fijara por decreto una vez transcurran los plazos para negociar, lo más probable es que este pase de $1.423.500 a $1.580.085 aproximadamente (sin tener en cuenta el aumento del auxilio de transporte que reciben los trabajadores).
Ministros del Gobierno Nacional como Armando Benedetti o el mismo Ministerio de Hacienda han apoyado esta decisión, respaldando tal incremento como una herramienta que permita reducir las brechas de desigualdad en el país. Sin embargo, los más preocupados ante este panorama son los mismos empresarios, quienes consideran que tal aumento podría ser contraproducente. La parte de las centrales obreras se acerca también a este aumento, asegurando que con estos incrementos se compensarían muchas de las pérdidas que ha presentado la clase trabajadora a lo largo de la historia.
Los empresarios, por otro lado, plantean un incremento menos acentuado y más de la mano con las cifras económicas que se presenten en el país. De esta manera, sostienen que el incremento del mínimo debe ser, como máximo, del 7% (pasando de $1.423.500 a $1.523.000), teniendo en cuenta la inflación calculada (cercana al 5%) y la productividad, cuya proyección podría acercarse al 1%.
Un eventual incremento mayor a este estimado, según los mismos técnicos y empresarios, podría afectar la situación económica del país y alterar las proyecciones esperadas para reducir la inflación en el futuro. Por el momento, la expectativa continúa entre los trabajadores y empleadores en torno a este eventual aumento, más aún, en momentos en los que algunas personas han advertido el aumento del mínimo como una herramienta política que podría usar el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
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JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO