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Después de la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los computadores incautados a alias Calarcá, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que confirmó íntegramente las denuncias publicadas y desmiente algunas afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien este lunes 24 de noviembre escribió en su cuenta de X: "Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre (el general Juan Miguel) Huertas y (el funcionario Wilmar Mejía) Wimer (sic) son falsos".
A diferencia de lo que aseguró el presidente, el comunicado de la Fiscalía es claro en afirmar que no se trata de informes de inteligencia sino de una evidencia legalmente obtenida que estaba en los dispositivos de "Calarcá" y sus hombres. "Fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos. Sometido a cadena de custodia el material incautado, este fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la Dijín de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital", se lee en el comunicado del ente investigador.
El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló, entre otras cosas, comunicaciones entre jefes de disidencias que hablan de la relación entre los grupos guerrilleros y el general Juan Miguel Huertas, oficial que salió del Ejército hace tres años y fue reintegrado por el presidente Petro hace tres meses como jefe del Comando de Personal del Ejército.
"La acusación contra el general Huertas es falsa (...). El reingreso del general Huertas solo se dió (sic) en agosto del 2025, hace algo más de tres meses, tiempo que no le dió para ponerse como funcionario público en contacto con Calarcá", trinó el presidente.
Para defender a Huertas, Petro dice que solo es funcionario desde hace tres meses, pero omite mencionar las comunicaciones halladas en los computadores de alias Calarcá en donde se refieren a una asesoría que estaría prestando el general a las disidencias para la creación de empresas de seguridad privada, al transporte de disidentes con orden de captura y un supuesto pacto de no agresión con el Ejército, antes de ser funcionario.
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Tan grave es el contenido de los dispositivos, que la Fiscalía compulsó copias para que se indague la conducta del general Huertas. Y, además, anunció varias investigaciones, una de ellas relacionada a los nexos del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. "El impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campaña a la presidencia y alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de las estructuras criminales", señala la Fiscalía.
En una rueda de prensa, la fiscal general Luz Adriana Camargo dio más detalles: "Como en la información preliminar se habla de una relación, un asunto, en el que estarían vinculados tanto el general Huertas como esta persona del DNI, vamos a hacer una conexidad para que sea una delegada en la Corte y una delegada de crimen organizado para que se adelante no solo lo de Huertas sino lo de Mejía".
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Justamente esto fue lo que había revelado Noticias Caracol el domingo pasado.
Tras reconocer que el contenido de los dispositivos fue vertificado y que su extracción fue legal, la Fiscalía desmontó cualquier intento de calificar la información como falsa. Sin embargo, el papel de la fiscal general sigue generando interrogantes: primero, porque emitió un oficio con el que ordenó que alias Calarcá y varios de sus hombres, capturados cometiendo delitos en flagrancia, quedaran libres por su rol de gestores de paz. "Por lo menos estamos hablando de un equipo de diez personas que se va a encargar del asunto", afirmó.
Y, segundo, porque solo hasta después de la revelación de Noticias Caracol anunció que delegó en diez fiscales la investigación de los computadores de alias Calarcá cuando esta evidencia lleva más de un año incautada. "El estatus de suspensión de órdenes de captura con fines de procesos de paz, delitos de lesa humanidad, delitos DIH, graves infracciones a los derechos humanos. Cuando este señor cae en el retén no están cometiendo delitos de lesa humanidad que permitan reactivar las ordenes de captura, esa es la razón y "Calarcá" sigue participando de los dialogos".
"Esta investigación empezó ayer (este lunes), no empezó hace un año, porque ayer conocimos la información. Es una falla, y la estamos admitiendo, la fiscal del caso no dejó de hacer por negligencia", dijo la fiscal Camargo.
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