“No me acuerdo”: la desmemoria del exgobernador del Chocó Jhoany Palacios, acusado por corrupción

El exgobernador del Chocó y representante a la cámara Jhoany Carlos Alberto Palacios, uno de los barones electorales más influyentes del departamento acaba de ser acusado por la justicia por presunta corrupción. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela su indagatoria, en la que dijo en 48 ocasiones que no recordaba detalles básicos del proceso contractual que lo tiene en líos judiciales y por el que fue llamado a juicio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.El alto tribunal tiene un arsenal de evidencias en su contra por su presunta responsabilidad en el desastre en el que terminó convertida la construcción de un sistema masivo de gas natural que prometía beneficiar a 13.188 habitantes de los estratos más vulnerables en los municipios de Istmina, Tadó, Condoto y Unión Panamericana, un ambicioso proyecto del 2014, financiado por el sistema general de regalías y la Gobernación cuyo costo se estimó en 17.838 millones de pesos.Con una inversión estimada en 17.838 millones de pesos, la ilusión era tal que en los videos de la época se ve a la comunidad celebrando; ya no tendrían que cargar pesadas pipetas. Una trabajadora de la empresa Universal de Servicios Públicos, ganadora del convenio, aseguraba entonces con entusiasmo que "el gas natural por red es lo máximo".Sin embargo, once años después, la realidad es demoledora: el proyecto es un "desangre de recursos públicos" y otra ilusión incumplida para el Chocó. La justicia hoy señala a Palacios Mosquera por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.La "desmemoria" del exgobernador ante la CorteLa Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a las intimidades del expediente y a la indagatoria que el hoy congresista rindió el pasado 21 de octubre de 2024 ante el magistrado César Reyes. Durante la diligencia, que se extendió por casi cuatro horas, el comportamiento del político fue calificado como "de antología". Ante las preguntas puntuales sobre el convenio y las irregularidades, Palacios Mosquera pronunció la frase "no me acuerdo" en 48 ocasiones.No recordó los municipios beneficiados, los documentos básicos de la contratación, los pagos que él mismo ordenó, ni las advertencias de los entes de control. Incluso, llegó a dudar de su propia firma en documentos oficiales donde aprobó una cesión ilegal del convenio. Algunas de sus respuestas dejaron atónitos a los magistrados:"De los delitos que se me han imputado yo me considero inocente de ellos"."Pero la verdad no me acuerdo la totalidad de los municipios que están en el proyecto"."Aparece la firma mía, pero yo no me acuerdo de la sesión de este convenio, señor magistrado". "Yo no me acuerdo haber cedido el contrato"."Me quedo con una preocupación muy, muy, muy grande, porque, es decir, yo no me acuerdo de esa sesión".Esta "desmemoria" no impidió que la Sala de Instrucción avanzara. El pasado 4 de diciembre, la Corte emitió una providencia de 288 páginas donde detalla cómo Palacios, siendo gobernador entre 2016 y 2019, permitió que se pagaran obras no ejecutadas y que lo poco construido quedara en estado de abandono.Advertencias ignoradas y pagos irregularesEl proyecto fue suscrito originalmente por el gobernador Efrén Palacios en 2014 con un plazo de dos años. Para 2016, cuando Jhoany Palacios asumió el cargo, la obra no llegaba ni al 10 % de avance y estaba sumida en problemas técnicos. A pesar de que la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le advirtieron sobre los incumplimientos del contratista, el gobernador Palacios ordenó pagos por casi 1.800 millones de pesos a la firma Universal de Servicios Públicos y a una interventoría que, según la Corte, "maquilló las cuentas de semejante ruina".El documento de acusación de la Corte es contundente al señalar que el aforado "habría sido advertido de los incumplimientos del contratista por el DNP... También fue enterado y notificado del procedimiento preventivo y de la medida cautelar de suspensión de giros, pero hizo caso omiso sin que esté acreditada justificación alguna".Ante estos señalamientos, la defensa de Palacios se ha centrado en descargar la responsabilidad en sus subalternos y en su supuesta falta de conocimiento técnico. "Yo confié en personas que me estaban entregando una documentación, yo estoy confiado que todo se está haciendo allí a la medida", afirmó en su indagatoria. Más adelante insistió: "Como yo no sé el tema técnico, ni sabía el tema... obviamente yo me valía por lo que me decía tanto los funcionarios que están en infraestructura".El drama humano: pagar por un servicio inexistenteMientras el congresista alega impotencia y desconocimiento, en municipios como Istmina la comunidad vive el rigor del engaño. Ana Ramírez, una de las afectadas, relató a Noticias Caracol cómo en su momento pagó 450 mil pesos por una instalación que nunca funcionó. "Vea mami, perforaron, metieron desde allá hasta lo que ve aquí y de aquí la tubería hasta la cocina, no más", dice señalando los tubos inútiles en su pared. Hoy, Ana debe seguir cocinando con pipetas que cuestan 95 mil pesos, calificando lo sucedido como un robo.Hildemaira Caicedo, otra habitante del sector, es tajante: "Más que un acto de mala fe, fue un robo, una estafa que se le hizo al departamento". Por su parte, otros líderes locales sienten que el Estado se burló de su necesidad: "Nos prometieron un servicio eficaz, permanente... en realidad no fue eso, siento que se burlaron de nosotros".Resulta paradójico que el propio Palacios Mosquera reconoció en la indagatoria la magnitud de lo que se perdió. Al ser preguntado por la importancia del proyecto, respondió: "Yo creo que el proyecto más importante que ha podido tener en la historia el departamento del Chocó, después de que hicieron el puente del río Yuto y el puente del río de San Juan, era este". Ante esta afirmación, el magistrado Reyes cuestionó por qué, siendo tan relevante, no hubo una supervisión real ni se liquidó el contrato ante los evidentes fallos,.Sanciones económicas y futuro políticoEl lío judicial de Jhoany Palacios no se limita a la esfera penal. El 11 de julio de 2023, la Contraloría General lo halló responsable fiscalmente y le impuso una multa de 18.333 millones de pesos, que debe pagar de forma solidaria con otros exfuncionarios y las empresas implicadas. Además, cursan en su contra otros dos procesos por presunta corrupción durante su mandato regional.A pesar de que el congresista asegura que esta situación lo tiene "con la cabeza un poco como embolatada" y que no aspirará al Congreso en 2026, su actividad política no cesa. Actualmente, ha volcado su capital político para apoyar la candidatura de Sandra Palacios Maturana, ex-diputada y pareja de Nilton Córdoba Manyoma. Córdoba Manyoma es recordado por su implicación en el "Cartel de la Toga" y recientemente la Corte Suprema ordenó su captura.El congresista concluyó su intervención ante la Corte lamentando su situación personal: "A mí me afectaría mucho como persona que yo termine implicado en una situación de estas". Sin embargo, para los miles de chocoanos que siguen esperando el gas prometido, la afectación no es una posibilidad futura, sino una realidad diaria de exclusión y pobreza. Como bien lo resume la acusación de la Corte, existieron "mayúsculas irregularidades" y una falta de acción eficaz para proteger los recursos públicos de una de las regiones más necesitadas del país.UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL

“No me acuerdo”: la desmemoria del exgobernador del Chocó Jhoany Palacios, acusado por corrupción

El alto tribunal tiene un arsenal de evidencias en su contra por su presunta responsabilidad en el desastre en el que terminó convertida la construcción de un sistema masivo de gas natural que prometía beneficiar a los más vulnerables.

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