Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como en el que queman un bus del SITP o en el que atacan con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturadas en diciembre de 2025 11 personas que, según las autoridades, hacían parte de un grupo llamado los PPP o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió una orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual en la práctica le quitó el caso a una fiscalía especializada variando la asignación y entregándoselo a dos fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución la fiscal general explicó el propósito de su decisión: "La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable".
Esta decisión es un reverzaso en la postura de la misma Fiscalía, pues en marzo de este año la fiscal especializada que venía llevando el caso presentó el escrito de acusación por ocho delitos, cuatro de los cuales están relacionados a actos de terrorismo. "En aproximadamente año y medio estas personas han realizado esta actividad delicitiva de manera permanente y continua (...). El delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de terrorismo, así también el terrorismo. Igualmente la fabricación, tráfico, deporte de municiones o explosivos, así como el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, este último cuando se hace con fines terroristas", señalan desde el ente acusador.
La investigación logró identificar a 11 personas a través de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas y ubicación de números celulares. Con esas pruebas, dos jueces de bogotá fueron contundentes al momento de enviar a los detenidos a la cárcel. "El asociarse o concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, más frente a fines de terrorismo. Digamos, la violencia exacervada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad de lamber a un policía, de joderlos, de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general, son hechos demasiado graves", señaló el juzgado 10 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.
Incluso, el funcionario judicial fue claro en señalar que estos hechos son actos de terrorismo y no pueden estar amparados por el derecho a la protesta social. "Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. Encuentra este despacho que el común denominador en todos los eventos inferidos pues es el ejercicio de acciones violentas, que no es cualquier violencia sino cierta violencia de manera exacerbada que demuestra siempre de manera concreta un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común", agregó.
Los resultados de esta investigación también fueron reconocidos por las autoridades locales. Desde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien dijo en diciembre pasado: "Dos jueces de la República ya avalaron lo que hay en la investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación". Mientras que su secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que "no hay que olvidar que estos delincuentes pusieron en peligro la vida de al menos 80 cuidadanos que iban en un bus de Trasmilenio". "Es claro que restas personas no eran estudiantes de ninguna universidad, ellos buscaban generar el caos en la universidad", dijo, por su parte, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
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¿Cuáles son las implicaciones de la resolución de la fiscal general en un caso tan avanzado como este? Se lo preguntamos a expertos en seguridad y abogados penalista. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de economía de la Universidad de Los Andes, lo explica así de claro: "Esto envía una pésima señal porque básicamente lo que está haciendo la fiscal general es minimizando la gravedad de los delitos cometidos por estas personas que en una juiciosa investigación de la policía judicial de la Sijin de la metropolitana Bogotá se demostró que hubo actos terroristas que pusieron en riesgo la vida no solo de policías, sino también de ciudadanos que se movilizaban en el transporte público".
Para Mejía, la decisión de la fiscal general podría terminar evitando que los acusados respondan por delitos graves como terrorismo y concierto para deliquir. "Estos mecanismos de justicia restaurativa están bien, pero están bien para casos de delitos menores como lesiones personales que no son graves o hurto sin uso de violencia. Esas medidas están bien, pero para casos de terrorismo, concierto para delinquir, envía una pésima señal la Fiscal General de la Nación".
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Elena Suárez, abogada penalista y profesora de la Universidad Externado, también asegura que se trata de un caso de terrorismo y no de protesta social. "La acusación individualiza 14 episodios distintos y en ninguno de ellos presenta los hechos como ocurridos en el marco de una protesta social concreta, no identifica una manifestación publica determinada, cuál era la finalidad, cuál era el contenido reivindicativo que persigue la protesta, tampoco señala cuál sería por ejemplo la reclamación social, política, laboral, estudiantil que se estaba promoviendo, no explica de qué manera los acusados se habrían vinculado a ese propósito de obtener un cambio, que es lo que busca una protesta y no presenta a los implicados como estudiantes, como dirigentes, voceros, convocantes, integrantes de organizaciones dedicadas al ejercicio del derecho a la protesta, por el contrario, lo que hace es describir acciones previamente coordinadas, ejecutadas por personas encapuchadas con roles claramente definidos mediante la utilización de elementos peligrosos", afirmó.
En medio de la polémica, el rumbo del caso quedó en manos de los dos nuevos fiscales del grupo de justicia restaurativa.
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