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En un avance crucial para la justicia colombiana, Julián Eduardo Cifuentes Gómez, el presunto responsable del atroz crimen contra el sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), ha sido cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario. La decisión, tomada por un juez penal de control de garantías, responde a la solidez de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y la evidencia física y testimonial presentada por la Fiscalía General de la Nación, lo que marca el inicio de la etapa de juicio formal en este sonado caso.
Según el detallado informe de la Fiscalía, el crimen fue perpetrado el 25 de abril de 2024. Cifuentes Gómez se habría encontrado con el sacerdote con la aparente intención de concretar un negocio: el pago de $30 millones de pesos por la compra de una camioneta. Sin embargo, el encuentro tomó un giro fatal. Acorde con lo relatado por el fiscal del caso durante las audiencias, el sujeto se movilizó en este vehículo junto al sacerdote cuando, luego de que la víctima detuviera la camioneta para seguir conversando, el presunto asesino le disparó en cuatro ocasiones.
Valencia Uribe recibió los impactos de bala en su espalda, y posteriormente fue transportado por el señalado asesino hasta un punto pantanoso con abismo, en zona rural del municipio de Belalcázar (Caldas), donde fue arrojado.
Hacia las 13:55 horas de ese mismo 25 de abril, explica el fiscal, el presunto homicida del cura llegó a un lavadero de carros en Viterbo, Caldas, conduciendo el vehículo del sacerdote sin su respectiva compañía. En ese momento, se relata que fue visto "empantanado en toda su ropa y hasta el cuello, con guantes de color azul". Solicitó la limpieza interna y externa de la camioneta porque, al parecer, la silla trasera del automóvil estaba manchada con sangre en el asiento. En la audiencia también se relató que el presunto asesino pidió a uno de los trabajadores del lavadero una herramienta prestada con la que pudiese retirar la mancha.
Una vez las autoridades hicieron la inspección del vehículo, encontraron una navaja verde en la alfombra de la camioneta y tres vainillas de un arma de fuego, ya percutidas, bajo el asiento del conductor. En la parte delantera también se encontraron dos pistolas negras: una traumática que fue regalada a quien hacía la limpieza y otra guardada por el señalado asesino.
Los detalles de la investigación revelan la celeridad con la que Julián Eduardo Cifuentes Gómez intentó evadir la justicia y el papel determinante de la cooperación internacional para su localización. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía avanzaba en la recopilación de evidencia y ya le seguía los pasos al principal sospechoso, este decidió abandonar el país.
"El día 28 de abril, tres días después del hallazgo del vehículo [del sacerdote], Julián Eduardo, principal sospechoso del hecho, huyó hacia aFrancia buscando evadir el asedio de las autoridades que ya contaban con suficiente material probatorio que lo vincularía al caso", explicaron fuentes oficiales.
Ante esta acción, y con el cuerpo del párroco Darío Valencia aún sin ser localizado, el 29 de abril de 2024 se expidió una orden de captura en su contra, inicialmente por el delito de desaparición forzada. La huida internacional del señalado, sin embargo, duró apenas un par de días. Gracias a los esfuerzos y la articulación con la Policía de Francia, la captura del sospechoso se materializó en tierras extranjeras el 30 de abril.
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En un desarrollo crucial para la investigación, y tras haber sido puesto a disposición de las autoridades francesas, el señalado victimario fue visitado por un fiscal especializado y un investigador del Gaula. Juntos lo interrogaron por el paradero del sacerdote.
Fue en ese momento que la verdad sobre el crimen salió a la luz. Cifuentes Gómez indicó que el sacerdote había sido asesinado y brindó información precisa sobre la ubicación de su cuerpo. Esta confesión fue la pieza clave que permitió a las autoridades orientar la búsqueda. Los restos del religioso fueron hallados el 20 de septiembre de 2025, confirmando así el homicidio.
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Tras surtirse el proceso de extradición, el hombre fue entregado a Colombia. A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado y puesto a disposición de la justicia. Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda procedió a imputarle los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO