Juliana Guerrero reconoció este 9 de septiembre su responsabilidad por la falsificación de documentos que usó para acreditar títulos académicos cuando aspiraba a ser viceministra de las Juventudes. El caso volvió a generar atención este miércoles durante la audiencia en la que un juez validó el preacuerdo entre la joven y la Fiscalía, que logró que se le rebajara la pena a tres años de prisión, el pago de una multa de cinco salarios mínimos y estar inhabilitada de cargos y funciones públicas durante más de dos años.
El regaño del juez a Juliana Guerrero
El juez que revisó el acuerdo le llamó la atención a la joven de 24 años por su actuar, enfatizó que la presentación de los diplomas no podía considerarse una equivocación involuntaria y recalcó que el cargo al que aspiraba implicaba una mayor responsabilidad con el Estado y el sector que pretendía representar. Cabe recordar que Guerrero incluso repitió en entrevistas que si había estudiado, hasta este miércoles, cuando finalmente aceptó los cargos que le había imputado el ente judicial. “No fue un simple error”, señaló el funcionario, al considerar que se trató de una actuación consciente encaminada a acreditar una formación académica que Guerrero no tenía.
Durante la diligencia, el juez 46 penal de conocimiento de Bogotá recordó que los documentos fueron utilizados en medio del proceso para aspirar a un cargo de responsabilidad dentro del Gobierno. “Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, manifestó el juez.
El funcionario también comparó la situación con el esfuerzo que realizan miles de colombianos para obtener un título profesional, al mencionar los años de estudio, la asistencia a clases, los exámenes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las instituciones de educación superior. “Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el diploma. No es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error. Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico”, afirmó durante la audiencia.
¿Qué pasó con los diplomas de Juliana Guerrero?
El caso se remonta a mediados de 2025, cuando Guerrero fue postulada para ocupar la Vicepresidencia de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, cargo para el que debía acreditar un título profesional. Inicialmente, la hoja de vida que se publicó primero y aparecía en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) registraba únicamente formación técnica. Sin embargo, días después fueron incorporados al sistema documentos que la acreditaban como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación Universitaria San José.
La información y el cambio abrupto fue cuestionado por la congresista Jennifer Pedraza, quien en su seguimiento, reveló que Guerrero no realizó los exámenes de Estado Saber Pro. La investigación de la Fiscalía confirmó este dato y también que Guerrero no cursó en estos programas en la institución. Este hallazgo salpicó al exsecretario a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue condenado por suscribir, autorizar y expedir dos diplomas académicos.
Las autoridades también encontraron inconsistencias en los pagos relacionados con esa supuesta formación. Algunas transferencias correspondientes a matrícula y derechos de grado fueron realizadas después de las fechas de graduación que figuraban en los diplomas. A esto se sumó una verificación del Ministerio de Educación Nacional, que no encontró registros de esos estudios en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).
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¿Qué aceptó Juliana Guerrero y qué pena recibió?
La reprimenda del juez se produjo mientras revisaba el preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía, mediante el cual la joven aceptó responsabilidad por el delito de fraude procesal. Como parte de la negociación, la Fiscalía degradó su grado de participación a cómplice. Con ese beneficio, Guerrero fue condenada a tres años de prisión, con ejecución condicional de la pena, además de una sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto significa que la condena no implica necesariamente que deba cumplir la pena en un establecimiento carcelario, de acuerdo con los términos del beneficio de ejecución condicional señalados en el proceso.
Después de la audiencia, Guerrero publicó una carta en la que reconoció su responsabilidad y expresó arrepentimiento. “Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, escribió. La joven aseguró que asumiría las consecuencias jurídicas de sus actos y que no buscaba justificarse ni presentarse como víctima. También pidió perdón a su familia, a la ciudadanía, a la comunidad educativa de la Universidad San José y a los jóvenes que la consideraban un referente.
María Paula Rodríguez Rozo
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