Hace casi tres décadas se perpetraron las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, Antioquia. El Aro se volvió noticia nacional en octubre de 1997 tras la sangrienta incursión de un grupo paramilitar que arrasó el pueblo, torturó y asesinó a mansalva a 15 campesinos, un niño de 14 años y violó a varias mujeres en cinco días ininterrumpidos de violencia y espanto. En La Granja, un año antes, en junio de 1996, 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) mataron a cinco personas, a quienes acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla; sin embargo, las autoridades concluyeron que las víctimas no tenían nexos con grupos subversivos. Por estas masacres, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. A través de un comunicado, el ente investigador señaló que “la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia”.
Historia de la masacre de La Granja
El 11 de junio de 1996, un grupo de aproximadamente 30 miembros de las ACCU recorrió el casco urbano del corregimiento de La Granja, obligó a cerrar los establecimientos, sacó a varios habitantes a la calle, los señaló como presuntos colaboradores de la guerrilla y los torturó y asesinó frente a vecinos y familiares. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las víctimas no tenían vínculos con la subversión.
Según el medio Rutas del Conflicto, las víctimas de estos grupos paramilitares fueron principalmente campesinos, entre los que también había algunos líderes sindicales. Además, investigaciones de la Fiscalía señalan que un grupo de comerciantes y ganaderos, afectados por constantes extorsiones y amenazas de las Farc, habría ofrecido 300 millones de pesos a los paramilitares para ejecutar la masacre.
Esta masacre fue liderada por Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, exjefe paramilitar asesinado en 2004, junto a los paramilitares y hermanos Vicente Castaño y Carlos Castaño, además de alias Salvatore Mancuso.
Historia de la masacre de El Aro
Un ejército de matones de la casa Castaño, conformado por 150 hombres del Bloque Mineros y las (ACCU), pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del 22 al 31 de octubre, se alió para perpetrar la masacre. Fueron 600 campesinos quienes huyeron despavoridos y muchos jamás regresaron al corregimiento. La mayoría de los cadáveres apilados a un costado de la iglesia fueron enterrados en el cementerio del pueblo una vez los paramilitares les dieron permiso a quienes quedaron vivos.
Los paramilitares, según la Unidad para las Víctimas, se tomaron El Aro y acusaron a los pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla. Los criminales hurtaron bienes, torturaron, amenazaron, secuestraron, violaron mujeres y provocaron el desplazamiento de la población.
Marta Marleny Barrera, sobreviviente de la masacre de El Aro, dijo en Noticias Caracol que “si cuando uno cuenta la historia, el funcionario que llega se estremece, ¿cómo será nosotros que lo vivimos? Hubo de todo; hubo asesinatos, hubo terror, hubo violación a las mujeres y, sobre todo, toda la violación a los derechos humanos”.
¿Qué delitos le imputarán a Álvaro Uribe?
De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe estaría implicado en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, al haber presuntamente facilitado y promovido las acciones de una estructura armada ilegal que habría operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en ese momento.
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La investigación también menciona la posible participación del entonces gobernador Uribe en incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, ocurridas entre 1996 y 1997, donde se habrían presentado múltiples homicidios, desplazamientos forzados, quema de viviendas y robo de ganado. Asimismo, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó vincular a Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en 1998.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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